CaixaBank e Indra amenazaron con retirarse de la T-Mobilitat

La tragicómica historia de la T-Mobilitat está llena de convulsiones, imprevistos y atrasos. Este proyecto tiene como objetivo implantar un nuevo sistema de pago en el transporte público que sustituya a las obsoletas tarjetas de cartón. Una de las últimas trabas fue cuando, hace unos meses, CaixaBank dejó de financiarlo. La entidad financiera es uno de los principales accionistas del grupo que tiene que implantar la T-Mobilitat (tiene un 23,5% del capital) y a la vez es quien aporta el dinero.

La falta de financiación “comprometió” el proyecto y puso en “grave riesgo” su continuidad. Lo revela un informe jurídico firmado el año pasado por Míriam Manrique, directora del área de financiación de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), y Alfons Andreu, director de la T-Mobilitat, que ya no ocupa el cargo. El informe se publicó hace pocas semanas, pero ha pasado inadvertido hasta ahora.

Los problemas han sido constantes desde que en 2014 se adjudicó la T-Mobilitat a un consorcio encabezado por CaixaBank, Indra, Fujitsu y Marfina, empresas agrupadas bajo la marca SOC Mobilitat. El objetivo era empezar a implantar el nuevo sistema en 2016 y tenerlo plenamente desplegado en 2018. Hoy todavía no funciona.

Viendo que no se cumplirían los plazos, en 2017 se modificó el contrato y se fijó la implantación total en 2019. Tampoco se cumplió. A los errores propios se tiene que sumar la llegada de la pandemia, que ha contribuido a alargarlo todo todavía más. En 2020 se firmó una nueva modificación del contrato original (ya era la segunda). Y durante el 2021 se han firmado todavía dos más: una en mayo y una en octubre. Esta última se justificó por la aparición de “nuevas necesidades” que no se han detallado. 

Entremedias, el banco que financia todo el proyecto, CaixaBank, decidió congelar las aportaciones. Así consta en el informe jurídico, redactado por el ATM para justificar la cuarta modificación del contrato.

Hacía tiempo que KPMG, el auditor de SOC Mobilitat, avisaba deque la empresa había incumplido “determinadas obligaciones” del contrato de financiación con CaixaBank. En la última auditoría, del mayo pasado, KPMG avisaba también de que SOC Mobilitat cometía una irregularidad contable: computar como deudas a largo plazo dos partidas que suman 96 millones de euros y que se tendrían que contabilizar como deuda a corto plazo. Justamente como se habían incumplido “determinadas obligaciones”, el banco podía reclamar la devolución inmediata del dinero. Por eso se tenía que apuntar como deuda a corto plazo. En vista de la situación, la auditoría concluía que había “dudas significativas” sobre la capacidad de SOC Mobilitat de continuar como “empresa en funcionamiento”.

Aquella tormenta parece que quedó atrás después de las dos modificaciones de contrato que se firmaron en 2021. Fuentes de CaixaBank aseguran que siguen “comprometidos” con el proyecto.

La retirada de Indra

El informe también revela que el 4 de marzo de 2020, justo antes de la pandemia, los socios de SOC Mobilitat empezaban a cuestionar a Indra, el socio tecnológico y uno de los cuatro grandes accionistas del grupo. Ese día, miembros de Indra admitieron al consejo de SOC Mobilitat que estaban sufriendo retrasos y los representantes de dos otros grandes accionistas (Marfina y Fujitsu) respondieron mostrando preocupación.

Después llegó el covid y SOC Mobilitat pidió compensaciones a la administración por la parálisis causada por la pandemia. Según el informe, las negociaciones fueron largas –la administración no veía claro hasta qué punto los retrasos eran realmente imputables al covid– e Indra reaccionó avisando el 30 de octubre de 2020 de que al día siguiente “procedería a iniciar la paralización progresiva de sus trabajos” en la T-Mobilitat.

El informe no aporta más detalles. La última cosa que se sabe es que, después de esa amenaza de Indra, la ATM modificó dos veces más el contrato inicial de 2014. Y, hasta hoy, Indra continúa en el proyecto.