La Cámara de la Propiedad denuncia que Barcelona ha perdido 7.000 viviendas de alquiler
La institución asegura que la ley que regula los alquileres desincentiva a los propietarios y los fuerza a vender
BarcelonaLa limitación de los precios de los alquileres afectó al volumen de oferta. Así lo asegura la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona (CPUBCN), que denuncia que la ley catalana de contención de rentas hizo perder 6.956 viviendas que estaban a la espera de un nuevo inquilino durante el último trimestre de 2021. Los números que hace la entidad indican que el parque de viviendas de alquiler era de 19.348 casas antes de la aplicación de la normativa catalana que regula el precio del alquiler y que a finales de año la cifra bajaba hasta 13.410. Los datos se recogieron contabilizando las ofertas disponibles en Idealista e Incasòl antes de la entrada en vigor de la normativa y las del último día del año.
El 23 de marzo pasado, sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la ley en cuestión. La sentencia consideró que el decreto invadía competencias estatales. Aun así, durante su aplicación, los alquileres firmados en Barcelona aumentaron y, además, las familias pagaron 47 euros menos de media al mes, lo que suponía una bajada de 564 euros anuales.
El presidente de la CPUBCN, Joan Ràfols, ha asegurado este jueves que la resolución del Tribunal llegó tarde y que "los daños en el mercado de alquiler ya están hechos". También ha expresado que la falta de confianza hará muy difícil que se recupere un equilibrio a corto plazo. El presidente de la entidad ha afirmado que, con los límites de precios, los propietarios prefieren vender los pisos que alquilarlos y ha indicado que el mercado de alquiler está por debajo de los niveles prepandemia en cuanto a número de operaciones.
Ràfols ha aprovechado para criticar también la ley catalana antidesahucios, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social: "En muchos casos el alquiler que se obliga a hacer está por debajo de los 100 e incluso de los 50 euros. Es confiscatorio".
La posición de la Cámara de la Propiedad choca con la del Sindicat de Llogaters, que celebró la aplicación de los límites de precio y criticó la posterior anulación. El sindicato cree que la ley se estaba demostrando "exitosa" y que era "efectiva" para los vecinos. Los partidos que dieron luz verde a la normativa (JxCat, ERC, los comunes y la CUP) también se mostraron decepcionados por la decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, la diputada de En comú Podem Susanna Segovia dijo que "el TC es la herramienta del PP para ponerse al servicio de los especuladores".
