El largo camino de los fondos desde Bruselas hasta las empresas

BruselasHan pasado 265 días desde que Angela Merkel y Emmanuel Macron propusieron crear un fondo de medio billón de euros para repartir en forma de ayudas a los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, el fondo ha ido tomando cuerpo y forma en función de las negociaciones entre frugales y países del sur, chantajes de Hungría y los empujones del Parlamento Europeo. Finalmente, son 750.000 millones: 390.000 millones en forma de ayudas directas y el resto como créditos baratos. El dinero aún no han llegado a los gobiernos y no lo hará, como mucho hasta finales de verano; un largo camino si se tiene en cuenta la emergencia de la situación, pero bastante corto si recordamos que se trata de un programa sin precedentes dentro del gigantesco engranaje burocrático de la UE.

Creación política

Fueron necesarios cuatro días (y noches) para encontrar el consenso político

La Comisión Europea convirtió la propuesta de Merkel y Macron en la base para hacer el diseño técnico del fondo, que presentó el 27 de mayo. Después, comenzaron las negociaciones diplomáticas y técnicas para encarar la cumbre maratoniana de julio en la que los líderes europeos sellaron un acuerdo salomónico que daba el empujón político necesaria para hacer realidad la primera emisión masiva de deuda por parte de la Comisión Europea.

Negociación institucional

Eurocámara y gobiernos necesitaron meses para pactar

El resultado de la cumbre supuso un gran logro -el momento hamiltoniano de la UE, dijeron expertos, periodistas y políticos-, pero la parte más pesada acababa de arrancar. Los técnicos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento comenzaron mucho trabajo técnico para lograr un proyecto ambicioso que al fin y al cabo implica movilizar hasta 1,8 billones de euros porque el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 también se ha enfocado hacia la respuesta a la pandemia y sirve en parte para canalizar los fondos adicionales. Pero también era necesaria la negociación política con el Parlamento. Simplificando, una vez los Veintisiete firmaron el compromiso político, comenzó un proceso con la Eurocámara que negoció por partes cuestiones como el mecanismo que vincula la concesión del dinero al cumplimiento del estado de derecho -momento en que Hungría y Polonia amenazaron con el veto-, la condicionalidad y supervisión de los programas de reformas, el presupuesto a siete años y el mecanismo de recuperación en sí mismo. Todo este proceso aún no ha concluido, y martes es la votación final. Mientras ha durado, la Eurocámara ha arañado un aumento del presupuesto y que el primer adelanto de dinero sea del 13% y no del 10%, entre otras cosas.

Ratificación estatal

Cada Parlamento tiene que dar el sí a la emisión de deuda de Bruselas

Es el punto en el que nos encontramos actualmente. Para que la Comisión Europea pueda emitir la deuda necesaria para conseguir el dinero, es necesario que cada parlamento nacional ratifique la decisión y éste es un proceso que, como explica el representante de la Comisión Europea en España, Luis Fonseca, suele alargarse entre cuatro y seis meses (llegó a tardar otros 10 en la crisis económica). Fonseca, coincidiendo con la investigadora del Instituto Jacques Delors, Eulalia Rubio, cree que podría haberse concluido en mayo. Hasta el momento, la han ratificado Portugal y Eslovenia. Si un país no lo hiciera se podría complicar y retrasar aún más la llegada del dinero, pero a pesar de las dificultades que puedan haber en los Países Bajos e Italia (donde han caído los gobiernos) no se esperan nuevos bloqueos.

Exámenes en Bruselas

Hay que aprobar los planes de reformas y fijar los criterios de distribución

Mientras dura el proceso de ratificación en los parlamentos, los gobiernos ya hace meses que están en negociaciones con Bruselas para diseñar los planes nacionales de reformas que deben permitirles recibir el dinero. Tienen tiempo hasta abril. De momento, 17 socios europeos han presentado a la Comisión Europea sus proyectos. España es uno de los que lo tiene más avanzado aunque el Ejecutivo comunitario le reclama más información, sobre todo en cuanto a la reforma del mercado laboral y de las pensiones.

Una vez estén todos entregados, Bruselas tiene dos meses para darles luz verde y luego pasan al Consejo Europeo, que tiene un mes para dar el visto bueno por mayoría cualificada. Es por esto que Rubio calcula que no será hasta septiembre cuando comenzará a llegar el adelanto del 13% de los fondos, cuando exista el sí de los miembros del Consejo. Será en este momento también cuando la Eurocámara recibirá los planes, y cuando se espera que comiencen a salir a la luz pública.

La absorción de los fondos

Se pueden reembolsar gastos desde febrero

Después cada gobierno negociará con la Comisión los objetivos que se fija y la distribución de los pagos que son bienales y que están condicionados al cumplimiento de los objetivos firmantes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Hay un examen cada seis meses y existe la posibilidad de que se congelen los pagos si no se han alcanzado los objetivos. Rubio pone énfasis en este punto porque recuerda que parte de los fondos van destinados a reformas (no solo a inversiones) y que éstas son más difíciles de alcanzar. "Si se trata por ejemplo de aprobar una ley que modifica el sistema de pensiones, depende más de la composición parlamentaria que del gobierno", apunta.

Rubio recalca que a pesar de que no hayan llegado los fondos, se han puesto en marcha muchos mecanismos. Por ejemplo, se pueden reembolsar gastos desde febrero a cuenta del plan de recuperación y por eso el gobierno español ya ha presupuestado 27.000 millones de los más de 140.000 que le tocan. La velocidad con la que España absorba el dinero ya es otro tema. Según Eider Gardiazabal, eurodiputada socialista que ha formado parte de las negociaciones, será un "reto", pero asegura que en el decreto ley aprobado ya se ha agilizado la burocracia. Según Rubio, el reto es global porque se necesitan profesionales con conocimiento técnico sobre cuestiones tales como la transición ecológica, por ejemplo, y no el típico perfil de funcionario con conocimientos jurídicos. Con todo, ambas señalan que se ha ido rápido, teniendo en cuenta la envergadura de la tarea. "No habría podido ir más rápido", dice Gardiazabal.