El consejo de ministros da luz verde a la ley concursal

MADRIDOír hablar de concursos de acreedores, de por sí poco conocidos para la mayoría de los mortales, no es buena señal. Cuando se ponen de moda quiere decir que algo no funciona en la economía y, en particular, en las empresas. De hecho, la crisis del covid-19 ha disparado estas situaciones. Como norma general, las compañías están obligadas a presentar un concurso de acreedores cuando están en una situación de insolvencia, es decir, cuando no pueden hacer frente a los pagos porque son superiores al dinero disponible.

En España, por su tejido productivo basado en pequeñas y medianas empresas, los concursos de acreedores no han sido una situación anómala, según apuntan algunos economistas. "Normalmente [las pymes] están infracapitalizadas y tienen poco patrimonio. Esto dificulta sus reestructuraciones", explica un experto en derecho mercantil al ARA. Además, las previsiones de cara al año que viene no son muy optimistas. Si bien en estos momentos todavía está vigente la moratoria concursal, que permite que una empresa no haga suspensión de pagos a pesar de que normalmente esté obligada a ello, hace temer que cuando esta acabe haya un alud de expedientes.

Ahora, sin embargo, el gobierno central busca ponerle remedio, no solo de forma puntual sino estructural, a través de la nueva ley concursal. Esta normativa, vinculada al Plan de Recuperación y, por lo tanto, a los fondos europeos, empieza a andar este martes después de que el consejo de ministros le haya dado luz verde. El objetivo principal del texto es reforzar las empresas viables a través de su reestructuración y, a la vez, mejorar los procedimientos de insolvencia de las compañías que ya no pueden afrontar los pagos.

El pasado jueves el ejecutivo recibió el último informe que necesitaba para que el anteproyecto de ley llegara en segunda vuelta al consejo de ministros de hoy martes y se pudiera iniciar así el trámite parlamentario. El proceso, sin embargo, no ha sido fácil. Desde su publicación en audiencia pública, han sido muchas las voces que se han puesto en contra: desde abogados y economistas hasta procuradores. "Es una materia muy sensible y es posible que haya ajustes durante la tramitación, pero es una reforma necesaria", apunta una fuente jurídica.

Por un lado, la reforma incluye la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencias. "La ley española actual era buena, pero había perdido competitividad en comparación con otros países", apunta una fuente del sector al ARA, que añade que países como el Reino Unido han tendido a aprobar normas "más atractivas para las empresas" gracias al descenso de la judicialización de las reestructuraciones y la reducción de los profesionales que intervienen en ellas, sobre todo los del ámbito jurídico.

Por el otro, introduce cambios en el ámbito concursal: las empresas y los empresarios que se encuentran en una situación de dificultad financiera podrán tener acceso a un "procedimiento efectivo de reestructuración preventiva" que les permitirá continuar con su actividad. Para los empresarios, es decir, las personas físicas que se declaran insolventes y a las que la ley también afecta, se abre la puerta a poder aprovechar las exoneraciones de la deuda, después de un periodo de tiempo, cosa que favorece la "segunda oportunidad" y reduce la duración del procedimiento concursal.

También se mejora el acuerdo de refinanciación y aparece "el experto en la reestructuración", una figura técnica que podría dar validez a las operaciones. "Es una ventana de oportunidad para los economistas porque se escapa del ámbito jurídico", apuntan desde el Consejo General de Economistas.

Refuerzo de las micropimes

Finalmente, el proyecto de ley incorpora por primera vez medidas específicas dirigidas a las micropimes (empresas de menos de diez trabajadores), un cambio que los economistas han aplaudido. De hecho, las micropimes son las principales compañías que se acogieron a concursos durante el año más duro de la pandemia, y ya suponen más de la mitad (53%) de los concursos de acreedores que se han presentado.

En concreto, a partir de ahora estas empresas pequeñas, así como los trabajadores autónomos, dispondrán de un procedimiento específico a la hora de declararse insolventes. Será un proceso similar a una declaración de la renta: las empresas tendrán que llenar unos formularios para declararse insolventes y no hará falta la intervención de un abogado o especialista. "Es una apuesta valiente porque agiliza el trámite, pero si fracasa será un problema", apunta al ARA una fuente conocedora en materia concursal que avisa, además, de que hay que ver la letra pequeña de este diseño, así como el apoyo tecnológico.

Con todo, mientras esta ley no llega, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha abierto la puerta a prorrogar la moratoria concursal actual (ahora prorrogada hasta el 30 de junio del año que viene) "para dar seguridad jurídica [a las empresas] hasta que entre en vigor la reforma concursal", ha dicho en ocasiones anteriores.