Cuerpo reconoce que la guerra en Oriente Medio ya se nota "en el bolsillo" de la gente

Madrid / BruselasLa guerra en Irán y sus ramificaciones en Oriente Medio no solo están presionando los precios de las materias primas como el petróleo o el gas, sino que ya se nota "en el bolsillo de los españoles y en su día", tal y como ha reconocido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este lunes desde Bruselas. Desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el gobierno español está realizando un seguimiento del impacto del conflicto sobre la economía española y se muestra abierto a adoptar medidas. "Este gobierno responderá", indican fuentes gubernamentales. El escenario actual ha despertado el fantasma de hace cuatro años, cuando el ataque ruso en Ucrania desató una crisis energética e inflacionista sin precedentes: el precio del MWh al pool eléctrico, por ejemplo, pulso todos los récord.

"Solo hay que mirar qué pasa en las gasolineras con la subida de precios a los surtidores", ha añadido el dirigente socialista, que ha apuntado que en una semana la gasolina ya ha subido unos 15 céntimos el litro, y el gasóleo, unos 28. Un aviso que este lunes también lanzaba Sánchez puso un "tope" los precios de los carburantes. De hecho, hace cuatro años el gobierno se veía abocado a aprobar una bonificación sobre una parte del coste del combustible. Pero Cuerpo, que también ha constatado que el incremento de precios ya afecta a sectores como el transporte, la agricultura y la pesca, ha pedido más tiempo para evaluar la situación y aplicar posibles medidas.

Moncloa lleva días estudiando propuestas, aunque todavía no ha avanzado cuáles ni en qué momento quieren empezar a aplicarlas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunió la semana pasada con los agentes sociales, sindicatos mayoritarios y patronales, para compartir, precisamente, qué medidas podrían aprobarse. De hecho, este lunes CCOO y UGT han exigido al gobierno español que apruebe un nuevo "escudo social" para afrontar el choque económico de la guerra.

En la reunión de la semana pasada, Díaz puso sobre la mesa algunas de las políticas aprobadas en un pasado, que ha vuelto a destacar este lunes: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTO) para los trabajadores, la prohibición de despedir, ayudas a empresas o la activación de medidas como el mecanismo RED, que permite reducir su mecanismo de trabajo. "Hay un abanico de medidas que ni siquiera deben aprobarse, ya están disponibles", ha afirmado la ministra, también desde Bruselas.

Todo ello llega después de que el pasado 25 de febrero decayera en el Congreso, por los votos en contra del PP, Vox y Junts, el escudo social en vigor que, entre otras cosas, recogía una moratoria de algunos desahucios o la prohibición de cortar los suministros básicos. Si el gobierno español da un paso adelante con medidas para la guerra, podría recuperar ese paquete, como quiere Sumar, el socio minoritario dentro del ejecutivo, que lo ve como un aliciente para que no vuelvan a votar en contra. "Tenemos claras las medidas que se pueden implementar y las pondremos sobre la mesa a medida que la situación se desarrolle", ha insistido Cuerpo antes de entrar en el Eurogrupo que tiene lugar esta semana en Bruselas.

El titular de Economía también se ha mostrado partidario de liberar conjuntamente reservas de petróleo para paliar la escalada de precios de este combustible fósil, tal y como ha debatido este lunes y finalmente ha descartado el G-7, al menos por el momento.

Presión del PP

La guerra en Oriente Medio puede desvirtuar uno de los ganchos del gobierno de Pedro Sánchez al que siempre se aferra para defender su gestión, pero también la legislatura: la buena marcha de la economía española. El ejecutivo central salió de inmediato a enviar un mensaje de "tranquilidad" asegurando que pondría a disposición de la ciudadanía todos los recursos disponibles. Más allá de Sumar, entre los socios de investidura Podemos también ha presionado para que se apruebe enseguida una respuesta económica, y el PNV ha presentado una proposición no de ley para proteger a la industria que consume más energía.

También ha movido ficha al PP, que ha decidido llevar al Congreso una rebaja del IVA de la energía, la supresión del impuesto de generación eléctrica y una actualización de los tramos del IRPF, entre otras medidas. Fuentes de los populares acusan al gobierno español de "no hacer nada", a diferencia de otros países. Según indicaron este lunes las mismas fuentes, todo ello debe servir para compensar a los consumidores en un momento de subida del precio del gas y del petróleo.