Denuncian a la empresa CAF por contribuir a la ocupación ilegal israelí con el tranvía de Jerusalén

MadridDiferentes organizaciones de la sociedad civil han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el consejo de administración de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra directivos de seis de sus filiales, por la implicación de la empresa en la construcción, operación y mantenimiento del tren ligero de Jerusalén (JLR), que según los denunciantes ha contribuido presuntamente "a la consolidación de la anexión ilegal de Jerusalén Este por parte de Israel; al mantenimiento y la expansión de los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino ocupado, y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina".

La denuncia, registrada el 18 de febrero y que ya investiga la Fiscalía, está promovida por Novact, la Comunidad Palestina de Cataluña, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Odesca, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.

Una implicación "estructural"

Las organizaciones denunciantes señalan que CAF, con sede en el País Vasco, ha estado involucrada en el desarrollo del proyecto desde 2019 con un papel que va "mucho más allá de una colaboración puntual": es responsable de ampliar la línea roja del JLR, de construir la línea verde, de suministrar y remodelar trenes y de desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones. Además, opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta de la que posee una participación del 50%, bajo contratos que duran entre 15 y 25 años.

CAF, en consorcio con la empresa israelí Shapir, ha ejercido un papel central en el desarrollo del tren ligero de Jerusalén, y ha prestado servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su fase actual. "La implicación de CAF es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tren ligero", indican las entidades en un comunicado. La denuncia afirma que la infraestructura conecta los asentamientos israelíes en la Jerusalén Este ocupada entre sí y con Jerusalén Oeste, de manera que refuerza su integración y su crecimiento y profundiza en la fragmentación de los barrios palestinos.

No es la primera vez que CAF está en el punto de mira. El que es uno de los principales fabricantes ferroviarios en el Estado también ha sido señalado por Amnistía Internacional y las Naciones Unidas. De hecho, la lista de la ONU actualizada en septiembre de 2025 con empresas que favorecían la ocupación ilegal incluía a ACS, Ineco y CAF.

Base legal

Desde un punto de vista legal, la denuncia sostiene que las acciones de CAF podrían recaer bajo diversas "disposiciones del Código Penal español relativas a delitos contra personas protegidas en conflicto armado": "Estas [disposiciones] incluyen conductas vinculadas a la participación en el traslado de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado, el mantenimiento de prácticas discriminatorias e infracciones del Cuarto Convenio de Ginebra".

Las organizaciones denunciantes también subrayan que el estado español tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en España, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos mencionados en la denuncia son ciudadanos españoles. A su parecer, esto también traslada la responsabilidad a las autoridades españolas de actuar ante posibles violaciones del derecho internacional humanitario y de investigar delitos a los que las empresas españolas puedan estar contribuyendo.