Díaz quiere que el despido de trabajadores con contratos temporales que no estén justificados sea nulo
El gobierno español se ha comprometido con Bruselas a poner fin al abuso de la temporalidad
MadridCon la negociación para la reforma laboral entre el gobierno español y los agentes sociales a pleno rendimiento, las propuestas del ministerio de Trabajo se van concretando. Todavía no se ha cerrado un acuerdo en el marco del diálogo social pero el departamento dirigido por la ministra Yolanda Díaz ya ha puesto sus propuestas encima de la mesa. Díaz no solo quiere limitar los contratos temporales a seis meses –ampliables a un año por convenio colectivo– y eliminar el contrato de obra y servicio, sino que también plantea que el despido de trabajadores con contrato temporal se considere nulo en vez de improcedente si el contrato no estaba justificado adecuadamente, con independencia del motivo que alegue la empresa para darlo por acabado.
El cambio, que supondría retocar el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, implica que el empleado afectado tendría que ser readmitido inmediatamente y la empresa le tendría que abonar los salarios que ha dejado de cobrar. Se trata de una medida disuasoria, para evitar que los empresarios opten por contratos de duración determinada sin que estén justificados. Por ahora, la patronal CEOE no se ha pronunciado. En cualquier caso, son medidas que forman parte del borrador que el ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa para negociar los cambios en la reforma laboral que afectan a los contratos temporales, los convenios colectivos y la subcontratación.
![La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
Díaz anunciaba el martes que su objetivo era hacer una reforma del contrato temporal "substancial" y "estructural" para acabar con los abusos de la temporalidad. El gobierno español se ha comprometido con la Comisión Europea a reducirla y, de hecho, es uno de los objetivos que recoge el plan de recuperación y resiliencia. Que se cumpla con las reformas depende de que llegue el dinero comprometido para impulsar la economía española después de la pandemia.
