¿Cuánto dinero nos cuesta la corrupción?

Barcelona¿Se imaginan disponer cada año de otros 50.000 millones de euros para servicios públicos y sociales? Es una cantidad que supera el presupuesto anual conjunto de la Generalitat, incluyendo a todo el sector público, que gestiona más de 40.000 millones. Y es una cantidad astronómica surgida de estudios que tratan de cuantificar el coste de los casos de corrupción como el de Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán. Según Transparencia Internacional, un organismo no gubernamental especializado en la materia, España se situaba el año pasado con una puntuación de 56 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción, que analiza 180 países (0 muy limpio y 100 muy corrupto), es decir, cerca del color rojo del semáforo y lejos de los estados mejor (88) o Singapur (84).

Desde hace un tiempo hay estudios que tratan de calcular el impacto que tienen las comisiones ilegales, los sobornos y otras malas prácticas. Pero no sólo se trata de recursos públicos que van a parar a bolsillos privados, oa partidos, sino que esta situación reduce el atractivo y la capacidad de captar inversiones de un país y, por tanto, afecta al crecimiento. Los efectos de la corrupción son directos –desvío de fondos públicos, sobrecostes en contratos o fraudes– e indirectos –el desprestigio del país, la pérdida de competitividad, la reducción de la inversión extranjera o el deterioro institucional–. Y, además, existe una vertiente social y política: la pérdida de confianza en las instituciones, la polarización o la desafección política.

Como ocurre con la economía sumergida, los análisis sobre este tipo de costes son estimaciones, ya que son recursos que escapan al control fiscal. El mayor cálculo lo hizo el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, que calculó que la corrupción costaba en España unos 90.000 millones de euros al año, un 10% del total de la Unión Europea (UE) y el equivalente casi al 8% de su PIB, es decir, de la riqueza que genera en un año.

1.200 euros por cabeza

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó en 2017 un estudio centrado en las contrataciones públicas en España, representando entre el 10% y el 20% del producto interior bruto (PIB). En ese análisis se estimaba que los sobrecostes por prácticas ilegales suponían cerca de 50.000 millones cada año. En concreto, unos 48.000 millones, que en la actualidad se acercarían a los 60.000 millones, teniendo en cuenta la evolución de la inflación. Porque los casos de corrupción no han desaparecido y surgen periódicamente y en muchas legislaturas y administraciones, como se ha visto con la Gürtel o la Púnica (PP) o el caso Palau (antigua Convergencia). Teniendo en cuenta la actualización, el coste de la corrupción repartido entre todos los habitantes de España supondría con el censo actual unos 1.200 euros por cabeza, el equivalente al que cobran muchos trabajadores al mes.

Uno de los casos más recientes relacionados con el juego bruto en las contratos públicas fue la multa de 203,6 millones de euros que la CNMC impuso en el 2022 a seis de las principales constructoras españolas –Acciona (29,4 millones); Dragados, del grupo ACS (57,1 millones); FCC (40,4 millones); Ferrovial (38,5 millones); Obrascón Huarte Lain, hoy OHLA (21,5 millones), y Sacyr (16,7 millones)– “por haber alterado durante veinticinco años miles de pujas públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Algunas de éstas, como Acciona, Ferrovial o Sacyr aparecen en las conversaciones grabadas por Koldo García que están en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Un informe hecho por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), afirmaba que si España situara su calidad institucional al nivel que le corresponde por su desarrollo tendría un potencial de PIB per cápita a largo plazo de alrededor del 20% (del 10,7% según los supuestos más conservadores). Y, si el impacto se produjera a lo largo de un período de unos quince años, esto significaría una elevación del crecimiento medio anual de la economía durante este período de alrededor de 1,2 puntos porcentuales. Se generarían unos 10.000 millones anuales.

Los problemas o la enfermedad parecen detectados: un déficit institucional que en España se concentra en la calidad reguladora, el respeto a la ley y los contactos y, especialmente, en el control de la corrupción, según el estudio de la fundación BBVA e Ivie. Lo adelantaban los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson en el libro Por qué fracasan los países (Deusto, Barcelona, ​​2012), donde advertían que son las instituciones las que hacen prosperar o hacen tambalear un estado cuando no funcionan como es debido.

En todo caso, a pesar de la diferencia entre países, éste no es un fenómeno sólo catalán o español. Naciones Unidas lo dejaba claro durante una reunión de su Consejo de Seguridad. Y señalaba que la corrupción también puede ser un motor de conflictos, a través del tráfico ilícito de armas, drogas y personas, el terrorismo y el extremismo violento. Citando estimaciones del Foro Económico Mundial, afirmaba que el coste global de la corrupción es de al menos 2,6 billones de dólares al año, o el 5% del producto interior bruto (PIB) mundial, y añadía que, según Banco Mundial, las empresas y los particulares pagan más de 1 billón de dólares en sobornos cada año.