Distorsiones fiscales y reivindicaciones empresariales
Es recurrente el clamor de buena parte de la clase empresarial por reducir la presión fiscal que soportan las empresas y los inversores para favorecer la innovación, la creación de puestos de trabajo, la recuperación de talento, etc. Es difícil no mostrar simpatía con esta postura, aunque la reivindicación no puede ser eliminar todo lo que molesta. No se trata de abolir por la vía fácil alguno de los impuestos que generan ciertos problemas empresariales de forma genérica, sino de ajustar la fiscalidad a los propósitos concretos.
Si nos miramos la fiscalidad del país como un todo, nos damos cuenta, en primer lugar, de que buena parte de lo que se reivindica no está en manos del gobierno de la Generalitat. Además, dar argumentos teniendo en cuenta la presión fiscal global dice poco de la realidad económica y resulta poco útil para entender los problemas. Y eso sin tener en cuenta la aspiración insensata de querer tener buenos servicios públicos pero que los impuestos les pague otro. En cualquier caso, existen tres cuestiones fundamentales que forman el debate fiscal actual. Por el lado de los ingresos, la dificultad de hacer atractiva la incorporación de talento de los nombrados expados, por aquello del tratamiento que deben recibir los bienes y rentas del talento recuperado; las cuestiones de localización de inversiones y ubicaciones empresariales, dada la tributación y la regulación interna del Estado –pongamos que hablo del dumping de Madrid–; y otros condicionantes fiscales de los que a menudo se habla como contrarios al crecimiento empresarial. La fiscalidad, por el lado del gasto, tiene como referentes de discusión la necesidad de mejorar la inversión en infraestructuras por el buen funcionamiento de la economía, desde Cercanías hasta el Corredor Mediterráneo, pasando por la movilidad de la localización de vivienda coherente con los polos de producción; y todo un conjunto de servicios públicos corrientes, de acompañamiento que requiere el nivel de desarrollo económico del país (buena sanidad, educación, formación profesional, etc.) que se muestran insuficientes. Ambas bandas del presupuesto van cojas; una por exceso, la otra por defecto. Es necesario, pues, analizarlas al mismo tiempo.
Esto nos lleva a considerar que cualquier cambio en la fiscalidad que no sea sustituir un impuesto (el más ineficiente para el deseo empresarial) por otro (el del mal menor, ya que nadie quiere pagar impuestos), es una insensatez, inaceptable desde el mismo razonamiento empresarial, si no se indica qué gasto público debe reducirse para mantener. Además creo que es de sentido común aceptar que la potencial reducción del gasto, gastando mejor, es un desiderátum general. Si estamos convencidos de su viabilidad en términos de eficiencia y equidad, se impondría la idea de condicionar la reducción fiscal a que primero se haga efectiva la reducción del gasto.
En cuanto al posible desincentivo de una empresa a crecer por razón de la fiscalidad, simplemente no es cierto. Los cortes de dimensión en volumen de facturación que se realizan por un tratamiento fiscal para las pymes, en tipo impositivo y en amortizaciones, les piden las propias organizaciones empresariales para que puedan alcanzar la fiscalidad efectiva de las grandes, y que la tributación no las lastre para poder dar el salto adelante (por ejemplo, permitiendo amortizaciones aceleradas), precisamente para crecer. En la atracción de talento, la disyuntiva aparece para personas con rentas muy elevadas (más de trescientos o quinientos mil euros), o que arrastran grandes patrimonios. Si se quiere suavizar las obligaciones personales que comporta la fiscalidad, pueden dilatarse la incorporación de las rentas con el retraso de su consideración como residente, o favorecer un buen tratamiento del patrimonio recuperado fuera de los sectores productivos (por ejemplo, vivienda) y reinvertirlo. Este problema no se soluciona con la abolición del impuesto, sino que pide un ajuste. Por otra parte, "en río sucio de torrentada, el pez hace chalada", como decimos en las Islas.
En cuanto a la distorsión de inversiones y localizaciones empresariales, es sabido que este efecto es consustancial a una Europa no armonizada, lo que nuestras empresas aceptan (muy pocas aprovechan paraísos fiscales internos tipo Irlanda o ahora Bélgica), pero sí que viven mal por el dúmping cara. Notemos, sin embargo, que ésta no es sólo una competencia fiscal, sino también de regulación (sin zonas tensionadas, ni afectación en caso de grandes tenedores, legislación urbanística laxa, etc.). En cualquier caso, cuece el tema patrimonial madrileño. No preocupa perder recaudación ni reducir gasto (sanidad, universidades, servicios sociales en la Comunidad de Madrid), convirtiéndose esta cuestión en un tema político e ideológico, pero no de eficiencia fiscal. Y aquí, de nuevo, la solución no es que todas las comunidades hagan lo mismo y eliminen los impuestos, sino que el Estado, por el bien de la supuesta unidad de la patria y de los mercados, los supla, como ha empezado a hacer con el impuesto a las grandes fortunas, y que nuestra comunidad levante los mínimos a partir de los cuales se empieza a pagar por el impuesto más razonable y justo.
Y, repito, si la opción es de rebaja fiscal incondicionada, quien la proponga –políticamente más que empresarialmente–, debe decirnos qué partida de gasto quiere bajar o cuál quiere renunciar a hacer crecer de entre todas aquellas infraestructuras que irían tan bien para el desarrollo empresarial.
Con los ajustes de la nueva fiscalidad también hay que tener cuidado: con cada tratamiento a la carta (empresa familiar, IVA reducido para el turismo, deducciones por endeudamiento, etc.) se está introduciendo una distorsión fiscal que después será difícil de eliminar aunque haya finalizado la causa que la justificaba. Con moderación y sensatez, pues, para todos aquellos que hacen peticiones de desgravaciones desde supuestas posiciones liberales. Y, si me permiten, el principal problema de nuestras empresas, me parece, es el apabullante panorama de obligaciones de todo tipo (control de entrada y salida, canal de denuncias, protección de datos, etc.), la percepción de la falta de diálogo y de imposición (inspecciones de Hacienda y de la Seguridad Social), el nivel de calención de inconflictividad y de nivel de conflictividad. En resumen, es el alto nivel de responsabilidad asumido en todos los niveles de responsabilidad. El problema, pues, quizá sea la percepción de falta de apoyo y soledad del colectivo emprendedor de nuestra economía.
