Estamos acostumbrados a que el diésel sea unos 10 céntimos por litro más económico que la gasolina. Sin embargo, a partir de 2025 esto dejará ser así, ya que el gobierno central ha decidido subir el impuesto de los hidrocarburos en 9,37 céntimos sólo en el diésel. De acuerdo con esta política, el precio de ambos combustibles prácticamente se equipara. La medida no es irrisoria, puesto que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 83% del consumo de la automoción en 2024 ha sido diésel. Ahora bien, cuando pagamos el combustible, ¿sabemos lo que estamos pagando?
Entre el 40% y el 45% del importe son impuestos: el IVA por un lado y el impuesto sobre hidrocarburos por el otro. Entre el 40% y el 50% es el coste de la materia prima y el resto, el margen que obtiene la empresa comercializadora. La justificación del impuesto, por supuesto, es la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, desincentivando el uso del coche.
Volvemos a primero de carrera. Si a un producto inelástico (que debemos consumir indiferentemente del precio) le añadimos un impuesto, no genera un efecto sustitución, sino que simplemente el consumidor deberá asumir su precio. Por tanto, el único efecto de este impuesto es un incremento de la recaudación en momentos en que el combustible está en precios mínimos de los últimos años. En la práctica, estamos pagando un impuesto más por circular aparte del de matriculación, el de circulación, etc.
No nos olvidemos de un hecho: en las grandes ciudades es relativamente fácil dejar el coche aparcado, pero en cuanto salimos de Barcelona, la cosa cambia. En lugar de aumentar la recaudación con la excusa de proteger el planeta, podríamos asegurarnos de que Cercanías funciona. Ésta sí que sería una medida efectiva para luchar contra el cambio climático.
