Nada más acabar el verano, el gobierno de España ha ido haciendo propuestas diversas de incrementar impuestos y de crear nuevos. Está claro el objetivo del gobierno del Estado: cuadrar las cuentas públicas para obtener más recursos e incrementar el gasto público. Yo no estoy en contra ni de los impuestos, ni del gasto y la inversión pública. Una economía moderna y que quiera redistribuir riqueza e invertir en mejorar infraestructuras debe hacer ambas cosas.
Pero discrepo profundamente de cómo lo hace el gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar, porque el objetivo de redistribuir la riqueza generada no lo acabo de ver. Las desigualdades sociales siguen creciendo y de la inversión en infraestructuras aquí en Cataluña podemos hablar con conocimiento de causa.
Es cierto que se invierte mucho dinero en políticas sociales, que muchas veces son medidas algo populistas y cuya eficiencia real podemos discutir ampliamente. No siempre la subvención es la mejor terapia para insertar a personas en el mundo laboral si no se exigen a cambio comportamientos activos y diligentes para acceder al puesto de trabajo. Aquí podríamos referirnos al fracaso de nuestro sistema educativo, a la falta de talento oa los jóvenes bien formados por nuestras universidades -que sí hacen bien su trabajo- que optan por buscarse las oportunidades en el extranjero. Sin un buen sistema educativo nunca seremos una economía competitiva, eficiente y que genere buenas oportunidades laborales. La historia de nuestra democracia es sencilla en este terreno: en nuevo gobierno, nueva reforma educativa.
Pero no es de eso de lo que quiero hablar, sino de los impuestos. En primer lugar, es imprescindible un sistema fiscal estable, que no cambie cada año en función de los recursos que necesita el gobierno de turno. Con esta forma de proceder el mundo productivo no tiene certezas a medio y largo plazo, lo que provoca inseguridad jurídica, auténtica enemiga de los planes de inversión.
El Estado tiene dos vías para incrementar sus recursos: subir impuestos o reducir gasto, hecho insólito en todas nuestras administraciones públicas. No se puede recurrir constantemente a los contribuyentes sin que las administraciones públicas presenten al mismo tiempo un plan de ahorro. Si seguimos así, no falta mucho tiempo para ver una fuerte disminución de los ingresos fiscales por agotamiento económico del contribuyente.
Si lo comparamos, por ejemplo, con Alemania, el número de funcionarios y de cargos electos que hay en el conjunto de España nos hará caer la cara de vergüenza.
Estas últimas semanas estamos asistiendo a un carrusel impresentable de ocurrencias fiscales: Podemos, Sumar y algunos ministros no paran de proponer nuevos impuestos o incrementar los que ya tenemos; discutir públicamente entre ellos y proyectar una imagen de la mayoría parlamentaria que causa estupor y, si me lo permiten, vergüenza. Tanta irresponsabilidad nunca le había visto.
Hay que debatir abiertamente la necesidad urgente de reducir gasto corriente de todas las administraciones públicas, de modo que generaríamos muchos más recursos.
Al mismo tiempo, nuestras administraciones deben ganar mucho en eficiencia, evaluando de forma constante el rendimiento real de la inversión pública.
Este es un gran debate que tiene España en su conjunto: necesitamos una fiscalidad competitiva, un esfuerzo por reducir gasto público. improductiva. Sólo provocando un gran consenso entre política y sociedad podremos ganar el futuro. puestos de trabajo, reducir desigualdades y dejar una sociedad mejor a nuestros nietos. Nuestros hijos no han recibido una herencia mejor de la que recibimos nosotros.
