Energía

La UE intenta pactar el plan de choque para frenar los precios energéticos

Londres congela los precios de la luz y del gas durante dos años

La factura pendiente en renovables
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BarcelonaFrenar los precios de la energía es urgente. El problema es cómo hacerlo. Los ministros de energía de la Unión Europea lo debatirán este viernes en una cumbre extraordinaria en Bruselas. Bajar el consumo es clave, pero también frenar la escalada del precio del gas –que de rebote hace subir el precio de la electricidad–, en un momento en el que Gazprom ha suspendido el suministro a la Unión Europea de gas ruso a través de gasoducto.

Las propuestas de la Comisión incluyen un alud de posibles medidas. Una de ellas es desacoplar el precio de la luz del precio del gas. En España y Portugal se ha probado con el tope al precio del gas que se utiliza para la generación. La Comisión propone limitar el precio del gas ruso, pero no solo el que se utiliza para generar electricidad, sino también el que se utiliza en los hogares, empresas e industrias con otras finalidades. Vladímir Putin, sin embargo, ya ha contestado que, si se limita el precio, mantendrá el grifo del gasoducto cerrada.

Otras propuestas van más allá. Hasta ahora el precio del gas en Europa viene marcado por el mercado TTF de los Países Bajos. Pero tanto las autoridades europeas como algunos operadores, como el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, creen que el precio que se establece en este mercado no obedece a la realidad de la oferta y la demanda, y está sometido a especulaciones. Por eso, la Comisión Europea quiere explorar otro sistema de fijación de los precios del gas. Esta propuesta de sacar protagonismo al TTF ha tenido un impacto directo en el mercado este jueves. El precio del MWh, durante una parte del día, se ha situado por debajo de los 200 euros, algo que no pasaba desde el 5 de agosto. Pero el precio después ha repuntado y se ha situado por encima de los 221 euros, cuando el miércoles había cerrado a 213,8 euros.

Una parte importante de la discusión será, sin embargo, la modificación de los mercados eléctricos, después de que la guerra en Ucrania haya hecho saltar por los aires el modelo marginalista, en el que el gas marca el precio de toda la electricidad. En la situación actual, este modelo encarece toda la electricidad –en algunos Estados miembros como Alemania y Francia los futuros del precio de la luz para el invierno han superado los 1.000 euros el MWh– a la vez que aumenta los beneficios de algunas empresas de generación, puesto que cobran precios muy altos (marcados por el gas) por MWh producidos con tecnologías mucho más baratas, como la solar, la eólica, la hidráulica o la nuclear. Son lo que se llaman beneficios caídos del cielo. Las propuestas pasan por grabar a las eléctricas con nuevos impuestos por estos beneficios extraordinarios, o impedir que se produzcan acabando con el mercado marginalista y poniendo un tope, que podría ser de 200 euros, para los MWh generados con estas tecnologías más baratas.

También hay otras propuestas, como la polaca, de suspender el pago de derechos de emisión de CO₂. Unos precios que se han disparado (valían 87,13 euros la tonelada de CO₂ en agosto de este año, cuando un año atrás eran 56,53 euros). Una medida que abarataría la electricidad, pero que difícilmente saldrá adelante porque va contra los objetivos de descarbonización que se ha fijado la UE.

Otro de los puntos de debate previstos para la cumbre es la reducción del consumo. Una demanda más baja tendría que llevar a un abaratamiento de los precios de la electricidad. Está sobre la mesa la propuesta de la Comisión de rebajar un 5% la demanda eléctrica en las horas punta. El ejecutivo de Bruselas reclama que esta medida sea de obligado cumplimiento.

Medida de choque

Quien ha empezado a tomar auténticas medidas de choque es la nueva primera ministra británica, Liz Truss, que ha anunciado este jueves que congelará los precios máximos de la energía para los consumidores a partir de octubre. La factura máxima será de 2.500 libras (2.874 euros) al año, durante un periodo de dos años. Esto permitirá a las familias británicas ahorrar unas 1.000 libras (1.150 euros) al año. Además, facilitará liquidez (40.000 millones de libras) a las empresas que operan en el mercado mayorista para que puedan hacer frente a la volatilidad de los precios y no arrastren hacia la quiebra a las comercializadoras.

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