Escrivá admite que se ha equivocado con las pensiones de los 'baby boomers': "Ayer no tuve mi mejor día"

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha tardado 24 horas en admitir que se equivocó en las declaraciones que hizo ayer jueves sobre las pensiones de la generación baby boomer. Mientras ayer aseguraba que esta generación nacida entre los años 50 y mediados de los 70 tendría que elegir entre cobrar menos jubilación o trabajar más años, este viernes se ha apresurado a corregir sus propias palabras. "Ayer no tuve mi mejor día", ha admitido durante la rueda de prensa de valoración de los datos del paro de junio. "[Mis palabras] Se entendieron mal, eran reflexiones en voz alta", ha añadido.

También ha insistido en que ayer, cuando se firmó el pacto del primer bloque de la reforma de las pensiones entre el Estado y los agentes sociales, era un día para destacar este primer acuerdo en pensiones en una década, una reforma que supone garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros y que deroga el polémico factor de sostenibilidad (el que recogía que las nuevas pensiones se ajustaran a la baja si aumentaba la esperanza de vida) que habría supuesto un recorte de las pensiones a partir de 2023, que es el año en el que se tenía que empezar a aplicar. "No transmití adecuadamente esta certeza", ha reconocido el ministro, que ha insistido en que con la nueva reforma de las pensiones "se eliminan las incertidumbres de la reforma de 2013 y se asegura el poder adquisitivo de forma permanente".

El mecanismo no se aplicará hasta 2027

Según el nuevo pacto firmado, el factor de sostenibilidad será sustituido por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que ya se ha incluido en el primer bloque de la reforma pero que todavía se tiene que definir con los agentes sociales y que no se aplicará hasta 2027. Este nuevo mecanismo es el que Escrivá aseguró ayer que incluiría la polémica elección sobre las pensiones de los baby boomers: o trabajar más años o cobrar más jubilación.

De hecho, el gobierno español y los agentes sociales tienen meses para negociar la letra pequeña del mecanismo, puesto que se han fijado el 15 de noviembre como fecha máxima. En este sentido, Escrivá ya ha avanzado que próximamente se empezarán a intercambiar opiniones con los agentes sociales para después empezar la negociación.