España promete a la UE que evaluará la tarifa regulada de la luz

Madrid / BruselasBruselas mantiene en el punto de mira la tarifa regulada de la luz –en casa nuestra conocida técnicamente como PVPC (precio voluntario del pequeño consumidor)– y que tienen algunos estados miembros, entre ellos el español. De hecho, l'año 2023 el gobierno español ya acometió una reforma de esta modalidad del recibo de la luz porque el ejecutivo comunitario lo exigía. El ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, hace una defensa firme, sobre todo en un contexto de tensión de los precios energéticos como el actual, si bien se ha comprometido con la Comisión Europea a elaborar un estudio "con profundidad" para analizar su funcionamiento y competencia, tal como exige la normativa europea y ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una atención a los medios de comunicación este martes.

La Comisión Europea publicó el pasado jueves un informe en el que recuerda a España y al resto de estados miembros (Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia) que ofrecen esta tarifa regulada para todos los hogares y pequeñas o medianas empresas que la directiva europea no permite este tipo de regulación de manera permanente, sino solo de forma temporal en situaciones de crisis o específica para ciertos colectivos vulnerables. Aun así, Bruselas admite que en el caso del estado español la tarifa regulada es bastante flexible y, por lo tanto, recoge de manera bastante exacta los precios reales del mercado mayorista o pool eléctrico –es un mercado donde se compra y vende cada día la energía, en el que la electricidad varía cada hora del día y cada día del año y lo hace en función de la oferta y la demanda– y cumple con el objetivo de potenciar la reducción de consumo energético entre los ciudadanos y las empresas, tal como pide la misma normativa europea. Además, con la reforma de 2023, y que buscaba principalmente precios más estables, se sumó una cesta de precios de los futuros para marcar el precio final.

"Nos hemos comprometido con Bruselas, después de numerosas conversaciones, a que solicitaremos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que haga un estudio en profundidad sobre el funcionamiento del mercado minorista, y de cuál es la situación de competencia en este mercado para que todos los consumidores se sientan protegidos", ha dicho Aagesen. "La situación actual del mercado energético no es la adecuada para decir que el precio voluntario para el pequeño consumidor puede desaparecer, sino que debe seguir y debe seguir para el consumidor vulnerable y más vulnerable, pero también para todos aquellos consumidores que quieran acogerse a esta tarifa regulada", ha reiterado la ministra, que ha dejado claro que "no hay ninguna previsión" de eliminar esta tarifa en España.

Sea como sea, Bruselas insta precisamente a España y al resto de estados miembros que opten por la tarifa regulada a presentar un plan de transición para un mercado energético sin esta intervención estatal. De hecho, el ejecutivo comunitario pide a la Moncloa una evaluación y que se la presente por escrito. En ningún caso, sin embargo, la Comisión Europea señala en este documento que sea una obligación para España a estas alturas poner fin a la tarifa regulada. Entre las personas que están acogidas a la tarifa regulada se encuentran los consumidores que se pueden beneficiar del bono social eléctrico (solo puedes acogerte si estás en el mercado regulado), pero también consumidores domésticos (familias) y pequeñas empresas (micropymes).