La Generalitat negocia la compra del distrito administrativo de la Zona Franca

BarcelonaLa Generalitat de Cataluña, a través de Fira 2000, está negociando la compra de las oficinas del distrito administrativo de la Zona Franca a la compañía AXA, donde desde 2020 hay instalados diversos departamentos. Ya se han llevado a cabo tres reuniones, y muy pronto, en mayo, habrá un cuarto encuentro. Unas negociaciones que pretenden poner punto final a 11 años de sombras alrededor de esta operación promovida en 2015 por la propietaria de los terrenos de la Zona Franca, Fira 2000, una sociedad mercantil que tiene como socio mayoritario (53,6%) la Generalitat y que también está participada por los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet y la Diputación de Barcelona.

Una denuncia de CCOO dio pie a una investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que en marzo de 2023 identificó siete presuntas irregularidades e incongruencias en la adjudicación de los terrenos hecha por el gobierno de Artur Mas y que este mes de marzo, a través de una última resolución, argumentó que el contrato con Zumaran Inversiones, la filial de AXA que en 2015 se llevó la licitación pública, podría ser nulo. Un posicionamiento de la OAC que da más herramientas a la Generalitat en la negociación con AXA, que ganó también una segunda licitación en 2015 para construir las oficinas en los terrenos de la Zona Franca que ahora ocupa la administración catalana.

Durante los últimos años, la adjudicación a Zumaran ha sido motivo de debate jurídico. Una de las principales irregularidades detectadas en el acuerdo con AXA es que se había incluido un derecho de compra de los terrenos –46.000 mContactos previos a la licitación

Durante los últimos años, la adjudicación a Zumaran ha sido motivo de debate jurídico. Una de las principales irregularidades detectadas en el acuerdo con AXA es que se había incluido un derecho de compra de los terrenos –46.000 m²– por 6 millones que no formaba parte del anuncio de licitación inicial. De hecho, un dictamen de la misma Generalitat puso de manifiesto que la empresa y Fira 2000 mantuvieron contactos –con correos, llamadas y reuniones– 10 meses antes de que se publicara el anuncio de la licitación que ganó Zumaran. "[En los contactos previos] Se trataron aspectos tan relevantes como los precios o las condiciones de la operación, y en especial una eventual opción de compra que finalmente se aceptó como mejora", dice el informe del instructor de la Generalitat, quien, en hasta dos ocasiones, hizo una propuesta de resolución para declarar nula la adjudicación a Zumaran. Sin éxito.

Por una cuestión sobre la naturaleza jurídica de Fira 2000, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, en un dictamen del 6 de febrero de 2025, contradijo las resoluciones del instructor y de Antifraude y argumentó que Fira 2000 es una "sociedad mercantil" y las operaciones eran de "naturaleza netamente privada". Con las conclusiones de este dictamen que hizo el ponente Carles Mundó, el departamento de Economía, en manos del PSC, archivó el caso y lo remitió nuevamente a Antifraude. En paralelo, en julio de 2025, poco antes de que caducara el derecho de compra de 6 millones, AXA quiso ejecutar esta cláusula y envió un burofax a Fira 2000 para formalizarlo. Entonces, la administración catalana trasladó la intención de recuperar los edificios de la Zona Franca y, para darse tiempo para negociar, se acordó una prórroga de 10 años del derecho de compra.

El origen de la operación

Zumaran fue la única empresa que se presentó al concurso, que se anunció el 30 de marzo de 2015 y se adjudicó el 21 de abril. Ganar esta operación concedía a la filial de AXA los derechos de superficie del suelo de la Zona Franca durante 99 años a cambio de un canon único de 15,5 millones. Pocas semanas después, el 10 de junio, la Generalitat convocó un segundo concurso para alquilar un inmueble donde ubicar las consejerías. En el anuncio se especificaba que el edificio debía estar situado en la Zona Franca y tener entre 35.000 y 50.000 m². Solo se presentó AXA, que firmó un contrato de arrendamiento por 20 años a razón de 13,45 millones anuales. En total, más de 260 millones, una de las operaciones inmobiliarias más grandes de la administración, entonces ahogada por la crisis. La doble operación en pocos meses de diferencia hizo que CCOO denunciara que había una "acción preparada y coordinada" para que AXA "se adjudicara el concurso".

Después de las irregularidades detectadas por Antifraude, el departamento de Economía, entonces en manos de Esquerra, activó la instrucción del caso. La conclusión fue clara: la adjudicación a Zumaran era nula. En marzo de 2024, sin embargo, la Comisión Jurídica Asesora tumbó la primera instrucción argumentando que no era válida porque había caducado. Aun así, Economía inició una segunda revisión y el nuevo instructor decidió, en dos resoluciones, declarar nuevamente nula la adjudicación. "La vía civil estaba prescrita, pero se debía investigar y la única opción era la revisión de oficio, porque la operación era lesiva para los intereses públicos", argumenta un ex alto cargo de la administración.

Durante la investigación, el consejo de administración de Fira 2000, a propuesta de la Cámara de Comercio de Barcelona –que ya no tiene participación en Fira 2000–, incorporó un dictamen de un abogado externo en el que se advertía que la revisión de oficio era improcedente. Por su parte, Zumaran cuantificó los perjuicios patrimoniales de declarar nulo el procedimiento en 388 millones. Aun así, el instructor se mantuvo firme y apuntó que no había ningún informe técnico que justificase el importe del canon ni del precio de compraventa futura, un hecho "especialmente grave" en la "praxis administrativa". Además, concluyó que los contactos previos –admitidos por altos cargos de Fira 2000, la Generalitat y un directivo de AXA– "eran de tal naturaleza y alcance que desnaturalizaron de una manera esencial el procedimiento de concurrencia posterior". Según el instructor, la licitación "nació viciada de nulidad", ya que AXA disponía "de una posición más ventajosa –que no trato de favor– que cualquier otro eventual licitador", lo que rompía "el principio de igualdad".

Sin embargo, la Comisión Jurídica Asesora nuevamente tumbó la instrucción, y sostuvo que "el acuerdo de adjudicación del contrato y el acuerdo de ratificación" que se sometían a la revisión de oficio no eran "actos administrativos" y que "la entidad que los adoptó", Fira 2000, no tenía "la condición de administración pública". Con este dictamen, Economía volvió a trasladar la documentación a Antifrau y el anterior director del ente fiscalizador, Miguel Ángel Gimeno, remitió una carta a la consejera Alícia Romero para remarcar que la resolución del instructor de la Generalitat confirmaba "las irregularidades" detectadas por Antifrau y que, además, se sumaban otras desconocidas hasta ahora, como las conversaciones previas. Para Gimeno, quedaba patente "que era una operación a tres" entre AXA, Fira 2000 y la Generalitat, y advertía que Antifrau no podía "ignorar la relevancia de las referidas negociaciones previas con el operador privado". Finalmente, así ha sido, y el nuevo director, Josep Tomàs Salàs, sacó adelante la resolución que da herramientas al Govern para negociar con AXA.

La profesora asociada de derecho de la UPF y experta en contratación pública Carmina Llumà aclara que Fira 2000 podría haber hecho una venta directa de los terrenos, pero, como a partir de un informe de un despacho externo se convirtió lo que debía ser una adjudicación directa en un concurso público para obtener mejores ofertas, los contactos previos entre la mercantil y Zumaran "ya no se podían borrar". La profesora considera que fue "una operación triangular" de la cual sería "importante" saber si la información que se transmitió a Zumaran durante los meses previos al concurso se trasladó a la "resta de empresas" del sector para garantizar la "concurrencia". Las otras empresas habrían tenido tres semanas para elaborar un proyecto y presentarlo.