La Generalitat recuerda a los centros comerciales que tienen que bajar los alquileres a los comercios cerrados

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha avisado a algunos de los propietarios de centros comerciales en Catalunya que tienen que llegar a acuerdos para rebajar el alquiler de los comerciantes afectados por las restricciones sanitarias y cierres para frenar el covid-19. En caso de no lograrse ningún pacto sobre el precio, el Govern recuerda que la normativa impone una rebaja de la mitad de la cuota.

Capella se ha reunido este miércoles con David Sánchez, presidente de la asociación de empresas familiares de comercio Comertia. Comertia había denunciado el mes pasado que los propietarios de algunos centros comerciales no habían querido llegar a ningún acuerdo con los locatarios de los locales para reducir el pago de las cuotas. Según Comertia, el principal caso fue el de Unibail Rodamco Westfield (URW) –empresa francesa propietaria de los centros comerciales La Maquinista, Glorias y Splau– que solo ofreció a los comerciantes aplazar los pagos amparándose en un decreto posterior del gobierno español.

En una rueda de prensa conjunta con Sánchez, la consellera ha dado la razón a Comertia. "En Catalunya se aplica la normativa catalana. No hay ninguna duda sobre qué ley se aplica", ha dicho. En este caso, pues, se trata de un decreto ley aprobado por el Govern en octubre que emplaza a las partes –arrendadores y arrendatarios– de los locales comerciales a llegar a un acuerdo para la rebaja del precio del alquiler en caso de que la actividad económica del establecimiento se vea afectada, parcialmente o totalmente, por las medidas sanitarias. La norma catalana marca que, si no se llega a ningún acuerdo en un mes, los comerciantes solo tendrán que abonar el 50% del alquiler en caso de cierre y un porcentaje proporcional según las restricciones que se les apliquen.

Posteriormente, el gobierno español aprobó otro decreto –al cual se agarran los propietarios de los centros comerciales– que afecta directamente a los grandes tenedores de locales y les permite aprobar moratorias al pago en lugar de rebajas del alquiler. No obstante, la consellera ha dicho que el mismo decreto español estipula que solo se aplicará en las comunidades autónomas sin un código civil propio, que no es el caso de Catalunya. "Hay un código civil catalán y otro común para los territorios que no tienen uno propio", ha afirmado, además de recordar que la Generalitat tiene "la competencia exclusiva" en esta materia.

Además, Capella ha indicado que el Parlament de Catalunya convalidó el decreto, por lo cual actualmente tiene rango de ley. "No vale hacer trapicheos legales. La ley está en vigor y se aplica en Catalunya", ha asegurado. En este sentido, la consellera ha asegurado que si algunos tenderos han pagado más alquiler del que les tocaba según la legislación catalana, los propietarios les tendrán que reembolsar "las rentas indebidamente pagadas" y, además, compensar "los daños y perjuicios" ocasionados, y ha acusado a los propietarios que se niegan a seguir la ley catalana de actuar "con poca buena fe".

Por su parte Sánchez ha dicho que en un 95% de los casos los propietarios de los establecimientos "han entendido la situación" y han llegado a acuerdos con los propietarios, pero que en el 5% restante "no están teniendo ningún sentido de la proporcionalidad ni de la responsabilidad".