El gobierno español ampliará hasta octubre la moratoria de los alquileres y la suspensión de los desahucios

Este mes de agosto se volvía a acabar el "escudo social" que el gobierno español aprobó para hacer frente al impacto socioeconómico de la pandemia y que recoge medidas como la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler seis meses, sin cambiar ni el precio ni las condiciones, o pedir una moratoria o una condonación parcial del alquiler si el propietario de la vivienda es un gran tenedor o una institución pública –no afecta a los pequeños propietarios–. Finalmente, según fuentes del gobierno español, el decreto ley que expiraba el 9 de agosto se prorrogará hasta el 31 de octubre.

Fuentes del gobierno español explican que el acuerdo es fruto de las últimas negociaciones entre el ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra (Unidas Podemos) y el de la Presidencia, con Félix Bolaños (PSOE) al frente. La medida también implica la prórroga automática de los desahucios sin alternativa habitacional, según recoge el decreto, a pesar de que algunas voces sociales lo consideran "insuficiente".

En concreto, la norma recoge que para poder evitar la ejecución del desahucio se tiene que acreditar una situación sobrevenida por la pandemia, la adquisición legal de la vivienda (a través de un contrato de alquiler o una hipoteca) y demostrar una situación de vulnerabilidad. La ley deja fuera a todos los procedimientos de desahucio resueltos antes de la pandemia, es decir, antes del mes de marzo de 2020, como han denunciado organizaciones vecinales. El decreto también incluye que en caso de que se pare un desahucio por motivos sociales o sanitarios porque no se ha encontrado una alternativa habitacional, los propietarios tendrán derecho a una compensación económica.

Hasta el mes de septiembre del año pasado, el decreto también recogía la ampliación de la moratoria de las hipotecas, una medida que Sánchez acabó fulminando.

Hace unos días, la ministra de Derechos Sociales remitió una carta a siete de los ministerios implicados con el decreto para ampliar las medidas de este escudo social hasta el 31 de diciembre. "Siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas todavía no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia", insistía públicamente Belarra.

La medida también implica la prorrogación del bono eléctrico, es decir, el acceso a derechos básicos como el agua, la luz y el gas. En este caso, los grandes propietarios tienen la obligación de aceptar pagos aplazados y pueden escoger entre quitar el 50% de la deuda o reestructurarla en al menos tres años. Fuentes del gobierno español explican que la prórroga se aprobará en el último consejo de ministros antes de vacaciones de verano, es decir, el de la semana que viene, "para garantizar la protección social de todos los ciudadanos", señalan.