El gobierno prepara un tijeretazo del 5% a las pensiones

Madrid"Tenemos que explorar todas las alternativas". Así ha contestado la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuando se le ha preguntado por la reforma del sistema de pensiones que el gobierno español quiere enviar a principios de enero a Bruselas –de la mano del plan conjunto de reformas para acceder a los fondos europeos–. El borrador más sólido que hay encima de la mesa implicaría una rebaja media de un 5,45% de las pensiones, según ha adelantado este lunes El País. La reducción del gasto, que no afectaría por igual a todas las pensiones, sería el resultado de la propuesta planteada por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá (PSOE), de ampliar de 20 a 35 el número de años utilizados para calcular la pensión. Una propuesta que Calviño ha confirmado abiertamente que está encima la mesa.

Esta fórmula de incremento de los años necesarios para calcular la pensión se puso en marcha en 2011 y es una manera indirecta de reducir el gasto de las pensiones. Aquel año, el gobierno de Mariano Rajoy (PP) acordó iniciar un proceso para ampliar de 15 a 25 los años utilizados para calcular la pensión. Un objetivo que, en teoría, tiene que culminar en 2022, es decir, de aquí a dos años. Ahora Escrivá (PSOE) plantea añadir 10 años más al cómputo. La medida, sin embargo, es conocida por quien fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), puesto que en 2019 el organismo –de la mano del mismo Escrivá– planteó que un "escenario óptimo" para hacer sostenible el sistema de pensiones español sería el de elevar, en 2027, a 35 los años a tener en cuenta para hacer el cálculo.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha apuntado que medidas como esta tendrían un "efecto mixto puesto que muchas personas que se vieron afectadas por la crisis del 2008, en el tramo final de su carrera porque se quedaron sin trabajo, se podrían ver beneficiadas". "No se trata de una reforma que suponga un recorte para los pensionistas, sino al contrario, de garantizar el poder adquisitivo", ha señalado.

Ahora bien, la propuesta no gusta al socio del gobierno de coalición, Unidas Podemos, que siempre se ha negado a aceptar medidas que consideran que "repercuten en una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas", según han apuntado fuentes de Unidas Podemos al ARA. Las mismas fuentes han confirmado que el partido se "opone completamente". A su vez, los sindicatos hace días que se muestran contrarios a la idea de Escrivá e insisten que "la propuesta no ha sido discutida en ningún momento en la mesa de diálogo", según fuentes de CCOO. De hecho, el borrador del gobierno español se tiene que trasladar, antes de que llegue a Europa, a la mesa de diálogo social.

Hacer "sostenible" el sistema

"Tenemos que garantizar pensiones sostenibles a medio y largo plazo. Tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos y no podemos separar los elementos", ha insistido Calviño este jueves. La ministra de Economía no ha querido entrar en detalles, si bien ha reconocido que la propuesta de Escrivá está sobre la mesa y que se está trabajando para que se puedan escoger algunos de los mejores años trabajados y descartar los "más negativos", en línea con lo que recomienda el último acuerdo del Pacto de Toledo. Además, fuentes del departamento de Economía apuntan al ARA que hay que ver esta propuesta "como una más de muchas".

Con todo, el objetivo del gobierno español es acabar, o cuanto menos reducir, el déficit que hace años arrastra el sistema de pensiones y que este 2020 será de más de 45.000 millones. Este déficit, sin embargo, no se puede desvincular del hecho de que hasta ahora la caja de la Seguridad Social ha ido asumiendo lo que se conoce como "gastos impropios", es decir, gastos que tendrían que haber sido asumidos por el Estado a través de los presupuestos generales. De hecho, el mismo Escrivá ha apuntado que solo en gastos impropios, la caja de la Seguridad Social se podría ahorrar unos 23.000 millones de euros hasta el 2023. Alrededor de esta propuesta hay unanimidad en el seno del gobierno español, en lo que se ve como un primer paso para sanear las cuentas. Aun así, el ministerio que dirige Escrivá ha abierto la puerta en reiteradas ocasiones a aplicar otras medidas, como endurecer las jubilaciones anticipadas o favorecer los planes de pensiones privados. Ninguna de las dos, sin embargo, convence a Unidas Podemos.

Exigencias de Bruselas

Sea como fuere, la decisión del ejecutivo central no es del todo voluntad propia. Hace meses que la Comisión Europea tiene la mirada puesta en el sistema de pensiones español y en las pensiones, que tilda "de elevadas" en comparación con otros países europeos. Europa pide una reforma "urgente" (y más ahora, en un contexto de crisis). Hasta ahora, Bruselas había recibido con buenos ojos las reformas del 2011 y el 2013, que desvinculaban las pensiones de la inflación, es decir, del IPC (medida que Sánchez ha recuperado con una revalorización del 0,9% para el 2021, en línea con la inflación prevista), e introducían lo que se conoce como factor de sostenibilidad. Uno de los puntos que más llama la atención en Europa es la tasa de sustitución que tiene España, es decir, la cantidad de dinero que cobra una persona cuando se jubila. El modelo español tiene una tasa de sustitución del 80%, es decir, que al ser un sistema público, cuando una persona finaliza su vida laboral cobra prácticamente el 80% de lo que cobraba. En cambio, en muchos países europeos, como Francia, el sistema es complementario, público y privado.

Además, a pesar del contexto excepcional de suspensión de las reglas fiscales, Bruselas todavía exige a España que no se desvíe del objetivo de déficit y esto implica reducir el gasto en las pensiones. La preocupación principal de Bruselas es lo que pueda pasar cuando se jubile la generación del baby boom, la de mediados del siglo XX.