Estado y Govern admiten ante los empresarios el retraso de Catalunya en renovables
Ribera critica el escaso despliegue y Aragonès se compromete a recuperar la década perdida
BarcelonaLa crisis energética agravada por la guerra en Ucrania ha estado presente en las primeras intervenciones de la 37ª Reunión Cercle d'Economia este miércoles en Barcelona. La situación actual obliga a acelerar la transición energética, y así lo remarcó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien aseguró que España tiene un papel fundamental en el futuro energético de Europa, especialmente como productora de renovables. Pero frente a los empresarios del Cercle no ha dudado en asegurar que el porcentaje de eólica y fotovoltaica instalado en Catalunya "es muy pequeño".
Un retraso en el despliegue de las energías renovables que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconocido abiertamente, al tiempo que se ha comprometido a acelerar la transición energética. "Partimos de una posición que nos ha dejado atrás y conviene mejorarlo", ha reconocido el president, que ha dicho que en los últimos 10 años no se han hecho los avances que Catalunya necesitaba en esta materia. Por eso ha apostado por recuperar el tiempo perdido, y ha fijado como objetivo que antes de 2030 se instalen en Catalunya 12.000 megavatios (MW) renovables adicionales a los que hay actualmente y 62.000 antes de 2050. "Es un camino ambicioso, pero realista para situarnos dentro de diez años con un sistema eléctrico totalmente descarbonizado", indicó.
Catalunya tiene más de la mitad de su generación eléctrica en los tres reactores nucleares en marcha que está previsto apagar antes del 2034. Por eso, con la escasez de renovables, se ha enviado a Aragonès la pregunta sobre si habrá que alargar la vida de las centrales atómicas. "No debemos encontrarnos en esta disyuntiva", ha dicho el president. "Como yo no quiero alargar la vida útil de las nucleares, debemos acelerar la implantación de energías renovables", remarcó.
Pero en la jornada no solo se ha hablado de renovables, sino también de la situación actual con el encarecimiento de la energía y las tensiones en el suministro. La ministra Teresa Ribera ha asegurado que se están puliendo con Portugal y Bruselas los detalles técnicos necesarios para poder aprobar la propuesta de poner un límite al precio del gas (en torno a unos 50 euros el MWh) para abaratar el recibo eléctrico. Una solución que debía aprobar el ejecutivo español el martes, pero que aplazó para pulir esos detalles.
Ribera ha defendido la medida como una solución para frenar la escalada del precio de la luz que afecta tanto a las familias como a las industrias. Y se defendió de las críticas de las eléctricas, recordando que el límite del gas rebajará la retribución a las renovables y la hidráulica, en una cantidad que algunas fuentes del sector sitúan en unos 6.000 millones de euros. A juicio de la ministra, se trata "de una reducción de los beneficios, no en una venta a pérdida" que en su opinión "debe ser clave para facilitar el acceso a la energía".
Que Europa pague el MidCat
En un momento en el que Europa intenta romper su dependencia del gas de Rusia, Ribera ha defendido el MidCat, el proyecto de gasoducto entre Catalunya y Francia, que quedó detenido en Hostalric. Según Ribera, España puede ser la entrada en Europa de gas, puesto que tiene el 30% de la capacidad de regasificación de la UE. Pero si el MidCat debe servir para llevar gas que llegue a España hacia la UE, no puede ser una infraestructura que paguen solo los españoles, ha dicho.
La ministra ha asegurado que Europa entiende ahora que debe acelerarse esta infraestructura. "Pero si aseguramos el suministro de terceros, que lo financien estos terceros", destacó. Además, la ministra pidió que la infraestructura se prepare para el futuro, que pueda servir cuando deje de llevar gas para llevar biogás o hidrógeno.
La ministra no ha coincidido en el estrado con los representantes de las energéticas que han participado en la jornada del Cercle: el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Enagás, Antoni Llardén, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Un debate en el que se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de realizar la transición energética, pero no sobre cómo hacerla. También han reconocido que tendrá un coste y que debe ser socialmente justa.
Pero también apuntaron que tiene riesgos, por ejemplo de desindustrialización, porque mucha producción y empleo puede acudir a países que no estén concienciados sobre la reducción de emisiones, lo que puede llevar a los productos europeos a tener "precios insostenibles", según Llardén. También han estado de acuerdo en la necesidad de que Europa ponga una tasa a los productos producidos en terceros países con emisiones de CO2. Y mientras Bogas ha defendido una electrificación de la economía, Imaz ha pedido "poner sensatez" en la transición "con más tecnología y menos ideología".
