¿Cómo afecta a España la ruptura entre Francia y Alemania por el avión de combate europeo?

MadridHa sido un desenlace empresarial, pero también político, que muchos se imaginaban: el rompimiento entre Francia y Alemania para sacar adelante un nuevo avión de combate europeo en el marco del programa militar FCAS. Pero que la noticia no haya generado sorpresa –hacía tiempo que se especulaba sobre las fricciones entre París y Berlín en torno a este proyecto militar–, no quiere decir que no suponga un quebradero de cabeza para algunos. El fracaso a la hora de sacar adelante este avión de combate de última generación ha dejado a España, el otro estado que forma parte del programa, atrapada. Y en particular a la empresa de defensa Indra.

"Es una noticia muy preocupante para Europa y para la autonomía estratégica europea. Sin duda es un fracaso", lamentaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes desde el Senado. En el año 2020 el Estado entró a formar parte del programa que Francia y Alemania habían arrancado tiempo antes: el Future Combat Air System(FCAS, en sus siglas en inglés). Lo que ahora ha saltado por los aires es el avión de combate de última generación, aunque el programa va más allá e incluye proyectos para que satélites, drones y unidades terrestres y navales puedan actuar de forma coordinada. España participaba en un tercio del presupuesto y carga de trabajo del programa, que en global suponía unos 100.000 millones de euros. Desde el ministerio de Defensa, y a preguntas de este diario, no detallan cuántos millones se han invertido hasta ahora.

El objetivo de este avión militar era sustituir los modelos antiguos de aviones de combate que utilizan los tres países: España y Alemania el Eurofighter Typhoon, y Francia el Rafale, que a juicio del sector de la defensa han quedado obsoletos. De hecho, el mismo gobierno español tenía previsto que el ejército dejara de utilizar los Eurofighter en 2030, pero de momento continuarán en uso hasta 2040 . "Han pasado por delante los intereses [económicos] de la industria [de la defensa], y no los intereses de la seguridad y defensa de Europa", afirmaba Robles.

Aunque el eje franco-alemán no se ha puesto de acuerdo –Friedrich Merz reconocía hace poco que Alemania tenía unas necesidades diferentes de las de Francia–, las principales discrepancias son entre las empresas Dassault, francesa, y la filial alemana del consorcio europeo Airbus. Las dos firmas no se ponían de acuerdo en el presupuesto y el reparto de la carga de trabajo. Dassault, por ejemplo, pretendía tener el control participando en un 80%. Ahora, para Dassault la idea de ir en solitario es una manera de reforzar la industria militar francesa, mientras que desde Airbus se ve como una ventana para dar un paso adelante y liderar una alianza alternativa. "La necesidad continúa existiendo", indican fuentes industriales próximas al proceso.

El papel de Indra

En el caso español, la empresa escogida por el gobierno español como coordinadora de este proyecto fue la empresa de defensa Indra. La Sepi, el holding inversor del Estado y primer accionista de la compañía con un 28% del capital social, le ha pedido que analice el impacto del fracaso del proyecto. "Le pediremos que haga un análisis inmediato", anticipó la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, esta semana en una comparecencia en el Congreso. "Haremos lo posible para que lo que se planteó [un nuevo avión de combate] no tenga ninguna merma en la autonomía de la industria de la defensa en Europa", añadió.

Desde Indra se ha declinado hacer comentarios y tampoco se aportan cifras del impacto. En todo caso, la primera reacción del mercado ha sido interpretar que será un dolor de cabeza para la compañía –también para muchas pequeñas y medianas empresas que dependían de ella–, y ya este martes Indra cayó un 4,2% en bolsa. En concreto, la empresa que ahora pilota Ángel Simón tenía un rol específico dentro del proyecto: desarrollar los sistemas de electrónica del avión de combate.

Desde la industria de la defensa española, sin embargo, se considera que la cancelación del programa es muy mala noticia. Fuentes del sector lamentan a este diario que ni París ni Berlín informaron al gobierno de Pedro Sánchez de la liquidación del proyecto, lo que demuestra que, a pesar de que debía representar un 33% del presupuesto del proyecto, España, y en particular Indra, no han estado "nunca en la mesa de negociación".

Robles aseguró esta semana que se buscaría una "solución", después de que Sánchez pidiera sin éxito desde hace unos meses que se desbloqueara "de una vez por todas" el proyecto. De hecho, otras voces del sector indican que el ejecutivo central ha estado presionando entre bambalinas fuera de los focos mediáticos.

En este sentido, seis de las compañías españolas más grandes del sector de la defensa —entre las cuales Indra y la filial de Airbus en el Estado— firmaron el jueves "una declaración conjunta de compromiso" con el proyecto FCAS en la que muestran su "apoyo a España y Europa ante la posible reconfiguración del programa". El documento es similar al presentado por ocho empresas alemanas unos días antes.

Sin un plan B claro

Sea como sea, España prevé buscar un plan B para no quedarse atrás en cuanto a renovar sus aviones de combate. "Hay alternativas", aseguró la ministra de Defensa, que en todo caso apuntó a la necesidad de "programas conjuntos [en Europa]". Se enfría la idea de que el Estado vaya por libre, como sí se prevé que haga Francia a través de Dassault, que, como ya había hecho hasta ahora con los Rafale, desarrollará un avión de combate propio galo. Entonces, se ponen sobre la mesa diversas opciones, que igualmente sirven para Alemania, que también se ha quedado sin programa.

Entre las más plausibles, la primera es intentar hacerse un sitio en el GCAP, el programa conjunto para desarrollar un nuevo avión de última generación, el Tempest, en el que participan el Reino Unido, Italia y Japón. Una segunda es asociarse con Suecia o comprarle los aviones Gripen, desarrollados por la multinacional Saab. Otra es adquirir los futuros aviones franceses.

Pero el tiempo corre, y si no se encuentra una solución europea con un calendario claro, diversas fuentes de la industria creen que se deberá mirar hacia Estados Unidos. De hecho, el aeronaú de el FCAS ya sumaba retrasos. Aquí entra en juego el avión de combate norteamericano F-35, un modelo que sería capaz de renovar esta tecnología militar, en particular el modelo B de aterrizaje vertical, y que debería servir para sustituir los envejecidos cazas de fabricación británica Harrier que todavía utilizan las fuerzas armadas españolas, a pesar de que algunas fuentes del sector apuntan que la Armada se podría quedar sin avión nuevo hasta el 2030.

Se da por hecho que Pedro Sánchez no abrirá la puerta a adquirirlos, sobre todo teniendo en cuenta los choques diplomáticos con Estados Unidos, pero en un gobierno español del PP, en caso de ganar las próximas elecciones en el Estado, hay dudas sobre la negativa. "Es un avión que está muy por encima [del modelo que utiliza España]", explica una de las fuentes consultadas, que reconoce que enseguida estaría "operativo". El problema de esto es que se dejaría en manos de los EE. UU. toda la tecnología, como los softwares. "Pueden [los EE. UU.] controlar en todo momento si funciona o no el avión", advierten desde el sector de la defensa.