La gran industria reclama abaratar un 30% su factura eléctrica para competir con Europa

MadridEn un momento marcado por la tensión que vive el mercado energético global por la guerra en Oriente Medio, la gran industria consumidora de electricidad en el Estado hace un clamor unitario para abaratar su factura eléctrica. El sector de los combustibles, la automoción, el papel, la química y la farmacia, la alimentación, el cemento, las materias primas minerales, los componentes de la automoción y la siderurgia se han fotografiado conjuntamente este jueves en Madrid, en la sede de la patronal española CEOE, para presentar su receta para reducir el coste eléctrico industrial entre un 10% y un 30%. En concreto, plantean cinco medidas fiscales que consideran "indispensables" para tener acceso a una energía eléctrica "asequible" para la industria española y que al mismo tiempo sea "competitiva" en comparación con otros socios europeos, cosa que a juicio del sector "frenaría" los procesos de deslocalización.

Entre las propuestas destaca la eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), conocido popularmente como el impuesto del 7%, y que el gobierno español eliminó durante la crisis energética por la guerra en Ucrania. El ejecutivo de Pedro Sánchez lo recuperó en 2025 y partidos como el PP y Junts han pedido eliminarlo.

"La energía asequible no es solo una cuestión técnica o coyuntural, es un elemento central de la política industrial. Sin precios eléctricos competitivos no hay reindustrialización posible", ha señalado Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española. Bajo este paraguas se han aglutinado las patronales y asociaciones más relevantes de cada uno de los sectores industriales electrointensivos (son el 70% de la industria española), que de la mano con la consultora EY han presentado el informe Plan de energía eléctrica asequible para la industria española. Fiscalidad

En cuanto al llamado impuesto del 7%, el lobby industrial plantea que si no se quiere eliminar del todo, como mínimo se haga de forma gradual hasta 2030 para "salvaguardar" la sostenibilidad del sistema eléctrico. De esta manera, propone un calendario de rebaja del tributo que, en paralelo, iría con una disminución de los ingresos que se obtienen (en 2030 el impacto negativo sería de 2.412 millones de euros, según cálculos del sector).

Este tributo se creó en 2012 porque el coste real de producir y transportar la electricidad era superior a lo que los consumidores pagaban en sus recibos. Se generaba, pues, un agujero que había que tapar para equilibrar las cuentas del sector eléctrico. Con los años, sin embargo, el sector asegura que se ha podido compensar el déficit, y de hecho creen que con el mix eléctrico actual se puede tener superávit.

Se aplica sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de electricidad. Como la empresa que vende la electricidad ya sabe que tendrá que pagar este impuesto, incrementa el precio para el consumidor final para paliar la contribución. En el mes de diciembre Portugal eliminó el MEC, un impuesto similar.

También piden ampliar la bonificación del 85% del impuesto especial eléctrico (IEE) a toda la industria manufacturera, con un impacto negativo de 429 millones de euros para las arcas públicas en 2030, aunque la industria cree que se "compensaría" por el incremento de la demanda.

Este impuesto, cedido a las comunidades autónomas (los ingresos se destinan a pagar políticas sociales), tiene un tipo de poco más de un 5% y recae en todos los consumidores finales (empresas y familias). En el año 2025 se recaudaron 1.462 millones de euros, pero está pensado para promover el consumo responsable porque grava, precisamente, el consumo eléctrico.

Peajes

Dos medidas más ponen el foco en los peajes, un cargo definido por Competencia que se incluye en la factura de la luz para cubrir una parte del coste de transportar la energía desde una central hasta los hogares o las empresas a través de las redes eléctricas de transporte y distribución. Es decir, para utilizar la infraestructura.

Por un lado, la alianza plantea una reducción estructural del 80% en los peajes de acceso a la red eléctrica para los consumidores electrointensivos. Esta reducción se puso en marcha en 2022 por la crisis energética y de precios, pero su permanencia depende de la prórroga anual de un decreto. El sector, pues, pide que se apruebe como medida estructural. Se financiaría a cargo de los presupuestos generales del Estado.

Por otro lado, también propone que los costes de restricciones técnicas por las congestiones en la red se integren dentro del cálculo de los peajes regulados del sistema eléctrico que pagan todos los consumidores. Actualmente en España estos costes repercuten directamente sobre los consumidores, pero en proporción al consumo final de electricidad: quien más consume, más paga. El lobby considera que es una forma "heterodoxa" en comparación con la mayoría de los países de Europa, donde estos costes se financian directamente vía los peajes.

Finalmente, se propone incrementar las compensaciones por el CO₂ indirecto, es decir, las subvenciones que compensan a la gran industria que consume mucha electricidad el sobrecoste del CO₂, que repercute en el precio de la electricidad, para evitar la fuga de carbono hacia países sin estos costes equivalentes.

Si se aplicaran todas las medidas, la alianza calcula que el precio final en la tarifa que tienen estos grandes consumidores habría pasado de los 58,78 €/MWh (precio de 2025), a los 39,60 €/MWh. Las dos medidas con más impacto serían la eliminación del impuesto del 7% y el traslado de los costes de las restricciones técnicas a los peajes.