Tener 100 pisos para ser gran tenedor: las propuestas de Som Habitatge a las puertas de la huelga

• La asociación de propietarios reclama "equilibrar derechos y deberes" entre propietarios e inquilinos: ¿cómo quiere hacerlo?
• Asegura que la crisis de la vivienda responde a un incremento de la demanda que no ha ido acompañado de más oferta
• Insiste en los efectos negativos de los topes y la inseguridad jurídica
• Quiere un "pacto transversal" en el cual la vivienda no sea "una herramienta política", después de que haya forzado la convocatoria de elecciones

Cuando faltan dos semanas para lahuelga por el acceso a la vivienda, la unión de propietarios Som Habitatge ha presentado una quincena de propuestas para resolver la grave crisis que vive el país. Entre otras, la asociación, que se define como "la voz del pequeño propietario", ha reclamado que se necesite tener al menos 100 inmuebles para ser considerado gran tenedor.

"España es un país de pequeños tenedores: familias que han realizado esfuerzos para tener una vivienda principal o una complementaria como inversión, previsión para la jubilación o legado para los hijos", ha asegurado en un comunicado difundido este jueves la entidad, que reúne a unos 400 propietarios.

Actualmente, en Cataluña son grandes tenedores los que poseen más de cinco pisos ubicados en mercados residenciales tensionados –donde vive el 90% de la población– o más de diez inmuebles fuera de estas zonas. Pese al cambio normativo, no fue hasta este verano que la Generalitat multó por primera vez a tres grandes tenedores por infringir la ley, más de tres años después de la entrada en vigor de la norma estatal.

Responsabilidad de los gobiernos

La asociación de propietarios ha agrupado las propuestas en cuatro bloques: ampliar la oferta con suelo, financiación y construcción; rehabilitar y movilizar el parque existente; "equilibrar derechos y deberes" entre propietarios e inquilinos, y "garantizar el acceso a la propiedad".

Entre otros, mientras que el 11 de noviembre los manifestantes exigirán la reducción de los alquileres para alinearlos "con la realidad salarial de la clase trabajadora", desde Som Habitatge continúan apostando por suprimir los topes. Aseguran que "allí donde se han aplicado controles de renta, la oferta se ha reducido", aunque, según la consejería de Territorio, desde la aplicación de la medida "el parque de alquiler habitual ha crecido en 20.994 contratos".

Durante el primer trimestre, el alquiler medio superó los 860 euros mensuales en Cataluña y los 960 en la provincia de Barcelona. Elprecio de los nuevos contratos bajó un 1,28% en los municipios donde se aplica la medida respecto a dos años antes, cuando se empezó a aplicar.

Mantener fórmulas residenciales "legítimas"

Según Som Habitatge, la crisis actual responde a un incremento de la demanda, resultado de un fuerte incremento demográfico y de familias que cada vez son más pequeñas, y a la falta de acompañamiento de más oferta.

Ante esta situación, para la entidad hace falta, por un lado, "más inversión pública, sobre todo en construcción". En este ámbito, ha reclamado que los ayuntamientos liberen suelo "de manera rápida y bien ubicado" para poder construir, aumentar la financiación, impulsar la rehabilitación y corregir la carga fiscal, que "puede llegar al 62%"; Som Habitatge sitúa a España "entre los países de la OCDE con mayor presión fiscal sobre la vivienda".

Por otro lado, ha reclamado evitar destruir fórmulas "legítimas", como el alquiler de temporada para estudiantes e investigadores, el uso turístico regulado y el alojamiento con servicios residenciales. "Eliminar una necesidad real no la hace desaparecer, solo la traslada al mercado informal o expulsa al colectivo afectado", advierte el manifiesto. En cambio, conviene que "el alquiler de habitaciones sin condiciones" es "infravivienda".

El listado de medidas también incluye el "alquiler concertado", una fórmula por la cual el propietario que alquile el piso a una "renta moderada" debe tener incentivos fiscales, garantía pública de cobro e intermediación; la "planificación" de nuevos modelos, como el coalojamiento; implementar los desahucios en un "máximo de dos meses" en caso de impago, e impulsar la compra de vivienda protegida.

Piden que la vivienda no sea "una herramienta política"

La directora general de Som Habitatge, Anna Puigdevall, ha advertido que "no se puede trasladar al propietario privado" la obligación de garantizar el acceso a la vivienda, sino que corresponde a los gobiernos. A su parecer, cuando la norma hace recaer la función social de la vivienda –desde 2023, la ley fija que se debe destinar a uso residencial– sobre el propietario "el resultado es previsible: la oferta se retrae y el problema se agrava".

Mientras que la vivienda ya es el primer problema para la población según el Centro de Estudios de Opinión (CEO), Puigdevall ha hecho un llamamiento a impulsar un "pacto transversal" y generar "un clima de entendimiento" en el que la vivienda no sea entendida como "una herramienta política" y no haya "confrontación".