Expulsados por el 'coliving': cuando tu piso de 900 euros se anuncia por más de 600 por una habitación
El Sindicato de Alquiladoras urge a las administraciones regular los alquileres de temporada y de habitaciones
BarcelonaSandra Gómez llevaba ocho años viviendo en un piso de la calle Occidente de L'Hospitalet de Llobregat, hasta que en noviembre recibió un burofax: la propiedad le comunicaba que no le renovaría más el contrato. Tenía dos meses para irse. Ahora, el piso por el que pagaba cerca de 900 euros se anuncia a Idealista por más de 600 euros por una habitación a partir de mayo.
"Me extrañó, toda la finca es de las mismas propietarias y estamos todos de alquiler. Al menos que intenten subirme el alquiler, pero es que ni eso. La propiedad quería recuperar su piso", explica Gómez en declaraciones en el AHORA. El suyo no era el único caso: el bloque tiene 24 viviendas, y seis ya son de coliving.
"Vi que mi comedor es ahora una habitación, y se me cayó el mundo encima", explica Gómez, que al cabo de un tiempo reconoció su piso desmembrado en varios anuncios de habitaciones en Idealista. Por el momento, los vecinos han localizado seis pisos del bloque anunciados por habitaciones.
Una práctica sistémica
El caso de esta vecina ha sido presentado este jueves en una rueda de prensa organizada por el Sindicat de Llogateres, en la que han denunciado que dos fincas –esta de L'Hospitalet y otra de la calle Jocs Florals del barrio de Sants de Barcelona– han dejado de renovar contratos a los inquilinos. Según el sindicato, de momento hay una veintena de familias afectadas, por lo que reclama a la Generalitat y el ministerio que regulen los alquileres de temporada y de habitaciones, justo una semana después de la entrada en vigor del índice de control de los precios.
El alquiler por habitaciones es una tendencia al alza desde hace años, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona: se trata de un modelo que a menudo sustituye al alquiler tradicional, en el que se arrienda una vivienda entera, por partirlo en habitaciones más pequeñas y alquilarlas por separado. Es lo que se conoce como coliving y habitualmente comporta hacer obras internas, levantando paredes de pladur para albergar aún más habitaciones. El caso de Sandra es un ejemplo: su piso tenía tres habitaciones y ahora se anuncia por cinco.
El ARA destapó hace cinco meses un caso similar en Sant Cugat: una inmobiliaria decidió dejar de renovar más de un centenar de contratos de alquiler repartidos en varias fincas de la ciudad para convertir todas las viviendas en coliving. Había pisos de algo más de 1.000 euros que se anuncian por habitaciones con 800 y 1.000 euros para cada una.
En la capital catalana, la oferta de alquiler por habitaciones ha crecido un 33% en un año, tomando como referencia la comparación entre el cuarto trimestre de 2023 y los últimos tres meses de 2022, según datos de Idealista consultados por este diario . En España, este crecimiento ha sido superior: hasta el 42%. Asimismo, el precio de las habitaciones creció un 10% en Barcelona en el mismo periodo.
Presiones y amenazas
En el caso de la calle Jocs Florals, de las 15 viviendas que tiene la finca, hay ocho afectados a los que no se les quiere renovar el contrato –los vecinos se han organizado y piden un alquiler social–, cinco alquileres de renta antigua y una vivienda ocho, según el sindicato. Aseguran que la propiedad, en este caso, ya ha puesto a la venta dos de las viviendas, y en una de ellas todavía vive gente. "Actualmente, existe un inquilino con contrato hasta el 2025 y paga una renta de 588 euros", recoge el anuncio de Idealista.
"La finca lleva tiempo en mal estado, con zonas comunes desatendidas, sin luz, con el interfono sin funcionar, partes sin pintar y la cerradura de la puerta rota. Todo esto ha provocado robos e incluso uno cortocircuito que obligó a los Bomberos a intervenir. Creemos que ha sido una estrategia de la propiedad para echarlos", ha explicado uno de los vecinos afectados de este bloque de Sants.
También denuncian que se han presentado personas haciéndose pasar por trabajadores del Ayuntamiento que han entrado en los pisos a tomar fotos –más tarde han visto que las imágenes están colgadas en los portales de anuncios–, así como la contratación de empresas dedicadas al desalojo de pisos mediante la intimidación para "presionar" a los vecinos que no quieren irse.