Bruselas urge a España a aumentar la oferta de vivienda: "Faltan 600.000 pisos"

Bruselas"La economía española, por lo general, va bien", resume una fuente de la Comisión Europea. España sigue creciendo por encima de la media europea y tiene bajo control la inflación. Y, pese a que supera por dos décimas el límite del déficit del 3% en el 2024 y lo sitúa en el 3,2%, Bruselas no le abre un expediente disciplinario al considerar que es un desvío temporal y que se debe a las inversiones imprevistas que ha tenido que afrontar por la DANA. Sin embargo, existe un aspecto que preocupa especialmente al ejecutivo comunitario: la crisis de acceso de la vivienda, que sufre especialmente Barcelona, ​​y en general, Cataluña.

En este punto, Bruselas es clara. "La economía española afronta un déficit de vivienda de aproximadamente unas 600.000 unidades", dice el informe de recomendaciones de políticas económicas publicado este miércoles por el Ejecutivo comunitario. En concreto, resalta la falta de vivienda social y le reprocha que sólo represente el 1,5% de lo global en el Estado, un porcentaje que está "bastante por debajo" de lo que registra de media la Unión Europea.

Con el objetivo de que se construya más vivienda, Bruselas también recomienda a España "liberar suelo público" e "incrementar la financiación para la vivienda asequible y social", lo que considera que "impulsaría la disponibilidad de casas". En este sentido, el ejecutivo comunitario presiona a España para que apruebe la reforma del suelo que tiene "pendiente" al considerar que "aportaría estabilidad reguladora y eliminaría los cuellos de botella administrativos". "Es esencial revertir estos factores", insiste la Comisión Europea.

Bruselas hace la vista gorda

El máximo déficit que permite la UE es uno de un 3% del producto interior bruto (PIB) y España, en 2024, finalmente lo ha superado por dos décimas. Sin embargo, Bruselas hizo la vista gorda y, tal y como estaba previsto, no le abrió expediente disciplinario. Así pues, considera el desvío justificado por los gastos inesperados por la DANA y por el plan de rearme del Estado, ya que de lo contrario se habría situado en el 2,8% y habría cumplido con las reglas fiscales comunitarias.

De esta forma, Bruselas asegura que el Estado en "general" está cumpliendo con la senda fiscal pactada a siete años vista y que, por ejemplo, el incremento de gasto público de este año se verá compensado con el del año pasado. En concreto, en 2025, el ejecutivo comunitario estima que el gasto público neto crecerá en un 4,2%, cinco décimas más del máximo acordado, pero el pasado año asegura que se situó muy por debajo del 5,3% pactado.

Además, las previsiones económicas de la Comisión Europea calculan que el déficit público de España se reducirá en cuatro décimas este año, hasta llegar al 2,8%, y en 2026 prevé que se quede en el 2,5%. Es decir, medio punto por debajo del máximo permitido por las reglas fiscales de la UE.

Por otra parte, Bruselas insta a España a rebajar la carga impositiva sobre el trabajo ya incrementar la que tiene el consumo o las propiedades inmobiliarias. En la misma línea, propone incrementar los impuestos contra la contaminación y asegura que el incremento de tasas en este sentido es el camino que debe seguir el Estado para "impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo, la cohesión y la transición verde y digital".

El retraso con el fondo de recuperación

La Comisión Europea también ha puesto prisa en España para que acelere el plan estatal de los fondos de recuperación por la covid, ya que queda poco más de un año para que acabe el plazo para recibirlos. "El tiempo se acaba, y por eso pedimos esfuerzos en la implementación de los planes. No hay tiempo que perder", ha dicho en rueda de prensa el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

En estos momentos, España ha recibido 48.000 millones de euros del total de los 80.000 millones de fondos disponibles en forma de subvenciones que le corresponden y, aunque se prevén dos desembolsos cada año, el último pago efectuado al Estado fue en julio de 2024. Desde entonces, España no se beneficia de los fondos. Además, para recibir el quinto reembolso, que lo pidió en diciembre y asciende a 8.000 millones en forma de subvenciones, debe aprobar el impuesto al diesel que el gobierno español no logra salir adelante en el Congreso.