Consumo abre el cuarto expediente a una gran inmobiliaria en tres años
El gobierno español investiga posibles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler de la empresa
BarcelonaEl gobierno español ha anunciado este jueves un nuevo expediente sancionador contra una "gran inmobiliaria" –el ejecutivo rehúsa, de momento, hacer público su nombre– por vulnerar presuntamente los derechos de los consumidores en materia de vivienda. Es el cuarto expediente por esta cuestión que abre durante la legislatura, comenzada hace ahora tres años, según han confirmado fuentes del ministerio de Consumo al diario ARA.
El titular de la cartera, Pablo Bustinduy, ha explicado en rueda de prensa que se trata de una "gran inmobiliaria que gestiona miles de viviendas de alquiler en diversas comunidades" y a la que acusa de imponer cláusulas abusivas a los inquilinos, pero el ejecutivo ha rechazado revelar cuál es. "La apertura de un expediente sancionador no prejuzga el resultado", ha recordado el ministro, aunque ha subrayado la gravedad de las acusaciones.
Bustinduy ha lamentado que "durante mucho tiempo los derechos de los inquilinos en España han podido parecer de segunda" porque las administraciones públicas "no se ocupaban de ellos". En cambio, ha asegurado que Consumo actúa "con total determinación" para protegerlos. En este sentido, este jueves el ministro de Sumar se ha dirigido directamente a los inquilinos: "Si identifican prácticas abusivas en sus contratos, que las denuncien a las autoridades o a las asociaciones de consumidores", ha pedido.
ratificó la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler SeguroLas autoridades podrían castigar cada una de las cuatro infracciones con multas de hasta un millón de euros, de manera que la cantidad total alcanzaría los cuatro millones. En caso de poder estimar las ganancias que ha obtenido la empresa con estas prácticas, Consumo puede reclamarle entre seis y ocho veces este importe.
Dos sanciones en total
De los tres expedientes que el ejecutivo ha abierto desde la entrada en vigor de la ley de vivienda estatal en marzo de 2023, dos han acabado en sanción. Por un lado, en abril ratificó la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por imponer a los inquilinos la contratación de un servicio de atención –entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato– y por obligarles a coger el seguro del hogar en beneficio de la parte arrendadora. También por introducir una cláusula en el contrato que autoriza la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles.
Por otro lado, en diciembre impuso a Airbnb una sanción de 64 millones por anunciar pisos turísticos sin licencia. En cambio, no ha identificado a las empresas a quienes investiga en los dos expedientes que mantiene abiertos, a los cuales se añade ahora el que Consumo ha anunciado este jueves.