BarcelonaLa incorporación de más de 40.000 pisos de la Sareb, el banco malo que se constituyó en 2012 para asumir los activos tóxicos de la banca española, en la cartera pública de la nueva empresa pública estatal (Sepes), creada a principios de año para gestionar y construir vivienda pública, no debía comportar costes adicionales para las arcas públicas. Sin embargo, aunque Sareb ahora no se venderá los pisos porque se traspasarán a Sepes, deberá seguir pagando a las gestoras de activos –también conocidas como servicios– que hasta ahora se dedicaban a gestionar y vender las decenas de miles de viviendas del banco malo y que por sí sola no podía gestionar –tiene una plantilla de 290 trabajadores–. La diferencia es que si bien Sareb hasta ahora disponía de los ingresos de estas ventas para pagar una comisión por cada venta a los servicios, ahora tendrá que compensarlos con otros ingresos.
"Estamos trabajando con nuestros proveedores sobre cómo se articulará este traspaso. Sareb y Sepes están trabajando en ello", explican al ARA respecto a este traspaso. Los principales servicios que tienen un contrato vigente con Sareb son Anticipa e Hipoges, a los que antes se pagaba una comisión por cada venta, ya partir de ahora Sareb compensará por cada vivienda puesta a punto para que pase a la cartera de Sepes.
Actualmente, la Sareb dispone de una cartera de 37.000 viviendas en su balance, pero también cuenta con varios procesos judiciales abiertos, que pueden hacerle crecer aún más, al menos hasta la cifra de 40.000 viviendas prometidas por el gobierno español. Todas estas viviendas hasta ahora eran gestionadas por estas entidades, que se ocupaban desde revisar si vivía alguien hasta dar de alta los papeles de la comunidad. Ahora, con el cambio de uso del parque de viviendas de la Sareb, éstas servicios dejarán de preparar las viviendas para la venta para hacerlo para el traspaso a Sepes, lo que implica cambios en la gestión y los trámites, ya que los pisos públicos se entregarán listos para entrar a vivir, con la luz y agua dadas de alta, entre otras gestiones.
El Sindicato de Alquiladoras lleva 35 inmobiliarias frente a Consum para publicar anuncios que incumplen la regulación de alquileres
El Sindicato de Alquiladoras ha registrado este lunes una denuncia en la Agencia Catalana de Consumo contra inmobiliarias y particulares que se anuncian en portales inmobiliarios por incumplir "de forma sistemática" la regulación de alquileres. El sindicato documentó 50 anuncios de pisos en barrios de Barcelona como Horta-Guinardó, Eixample y Gràcia que vulneran el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas porque "no incluyen información obligatoria como el precio de referencia del índice, el contrato anterior o la condición de gran tenedor".
En total, ha denunciado a 35 inmobiliarias y 5 particulares, aunque el sindicato advierte que es una muestra muy limitada, y que los incumplimientos son sistemáticos en una parte mayoritaria de los anuncios. Según el propio sindicato, estos incumplimientos implican que una de las vías para saltarse la regulación de los alquileres es desinformar a los inquilinos que quieren acceder a una vivienda del precio al que debería ser alquilada.