El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Ayuso y avala el impuesto a las grandes fortunas
La sentencia también afecta a los recursos que presentaron Andalucía, Murcia y Galicia, comunidades gobernadas por el PP
MADRIDEl Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz-Ayuso, contra el impuesto temporal sobre las grandes fortunas creado por el gobierno español para afrontar el gasto derivado de la crisis energética y de precios.
Fuentes del tribunal confirman que la mayoría progresista del TC ha avalado la ponencia redactada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer, mientras que los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han presentado cuatro votos particulares contrarios la ponencia. La sentencia afecta a otros recursos que se habían interpuesto contra este tributo extraordinario. En concreto, las comunidades de Andalucía, Murcia y Galicia, todas ellas gobernadas por el PP, también presentaron recurso de inconstitucionalidad.
El gobierno autonómico de Isabel Díaz-Ayuso defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional ha desestimado los argumentos de Madrid al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones alegadas.
El principal objetivo del impuesto a las grandes fortunas es el de combatir el efecto de las bonificaciones totales o parciales que algunas comunidades están aplicando al impuesto de patrimonio –el tributo que grava la riqueza en España–, una decisión política y fiscal por la que se pierden millones de euros al año en recaudación.
La intención del gobierno español y en concreto del ministerio de Hacienda fue aprovechar esta brecha y crear un impuesto paralelo, que no ha estado exento de debate jurídico y de críticas del Partido Popular y la patronal, para poder ingresar parte de ese dinero que se escapa cada año yasí pagar las medidas desplegadas para hacer frente a la crisis energética y de precios.Asimismo, es una forma de paliar el goteo de grandes fortunas que se trasladan a comunidades donde no se tributa por el patrimonio, como es el caso de Madrid. ,6 millones de euros de 12.010 declarantes. El 90% de esta cifra, es decir 555 millones de euros, salen sólo de la Comunidad de Madrid (10.302 declarantes), una de las regiones que tiene bonificado totalmente el impuesto de patrimonio.