La mayoría de peticiones para cobrar el llamado paro de los autónomos se rechazan

BarcelonaLa prestación por cese de actividad es el equivalente al paro para los trabajadores por cuenta propia. Cuando un autónomo se ve obligado a cerrar su negocio, tiene la opción de recibir una cantidad económica cada mes que se calcula en función de la base reguladora sobre la que ha cotizado. En Cataluña, en 2024 se presentaron 2.557 solicitudes para cobrar esta ayuda, procedentes sobre todo del comercio y la hostelería. Sin embargo, el 60% de las peticiones se rechazaron, según el informe Situación del trabajo autónomo en Cataluña presentado este miércoles por el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya (CTESC). Por el contrario, en el ámbito estatal las solicitudes concedidas superan las desfavorables. Según este mismo estudio, en 2024 el número de personas que trabajaban por cuenta propia en Cataluña disminuyó un 6,6% respecto al año anterior.

Para este organismo consultivo de la Generalitat, del que también forman parte los sindicatos y las patronales catalanas, este hecho "evidencia la dificultad de acceso" al conocido como paro de los autónomos y hace crecer la vulnerabilidad del colectivo. Pero, ¿por qué se rechazan la mayoría de peticiones? Según el CTESC, en el 71% de los casos el motivo es la carencia de acreditación de los requisitos. Por lo que respecta al resto de motivos, el 21,1% de las resoluciones negativas lo han sido por otras causas sin concretar, el 5,5% porque no han cumplido el período de cotización completo y el 2,4% porque los solicitantes no están al corriente del pago de las cuotas.

De hecho, aunque en Catalunya la mayoría de peticiones se deniegan, estos subsidios aumentaron un 29% respecto a 2023 y se situaron en 1.148 prestaciones. Aunque se han ampliado los supuestos para acceder a la prestación, el CTESC considera que el número de resoluciones desfavorables a la ayuda es todavía "muy elevado". Por ello, el organismo dice que la prestación no funciona adecuadamente y pide que se revisen los requisitos y se simplifique el procedimiento para acceder a ellos. "Esa es sólo la punta del iceberg de las vulnerabilidades", ha dicho su presidente, Ciriaco Hidalgo, durante la presentación del informe. El objetivo de las últimas reformas ha sido, precisamente, que la protección social de los trabajadores por cuenta propia se vaya equiparando a la de los asalariados, pero la realidad es que los autónomos quedan aún más desprotegidos cuando no pueden desempeñar su trabajo.

¿Qué hace falta para cobrar la prestación por cese de actividad?

Según el servicio público de empleo estatal (SEPE), para cobrar esta prestación es preciso estar afiliado y dado de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, haber cotizado por cese de actividad (ahora ya es obligatorio), estar al día del pago de las cuotas de autónomos, contar con un período de cotización por cese de actividades 1 previsto por la ley (pérdidas económicas graves, fuerza mayor, pérdida de licencia, etc.) y no haber llegado todavía a la edad de jubilación. La duración de la prestación dependerá del tiempo cotizado: por ejemplo, entre 12 y 17 meses dan derecho a cuatro meses de prestación; mientras que si se acullan más de 48 se podrá cobrar la ayuda durante dos años.

Dentro de la reducción general del número de autónomos en Cataluña, esta bajada ha sido más intensa entre las mujeres (-9,3%) que entre los hombres (-5,1%). Ellas representan a casi el 35% de los trabajadores por cuenta propia. Asimismo, este descenso ha afectado más a las personas de entre 40 y 54 años, con un bajón del 12,3%. "El relevo generacional es un reto en este colectivo, pese a las nuevas incorporaciones", ha explicado el ponente del informe, Carlos Mas Lloveras, que también es director del área de economía y empresa de la patronal Pimec. Precisamente el aumento del 7,8% entre los extranjeros que se han dado de alta como autónomos es lo que ha compensado esta tendencia a la baja, sobre todo entre las personas de procedencia extracomunitaria (+8,5%).

Como conclusión, el informe del CTESC apunta a "una vulnerabilidad estructural en materia de protección social, estabilidad económica y acceso a los recursos" entre los autónomos y recomienda, entre otros puntos, simplificar los trámites administrativos que están obligados a realizar, reforzar la financiación y el acceso a ayudas o adaptar la normativa a las nuevas realidades del mundo del trabajo.