Nadie quiere comprar la sede nacional de ICV, por la que se pagaron 7,5 M€

BarcelonaEn junio hará tres años que Iniciativa por Catalunya Verds presentó concurso de acreedores: acumulaba una deuda de 9,2 millones de euros y, por el contrario, tenía unos activos valorados en 8,2 millones de euros, según explicó la formación en su momento. Esta distancia de un millón de euros, sin embargo, se ha ensanchado con el paso del tiempo y, ahora que el partido ya está oficialmente en liquidación, todo hace prever que los acreedores del partido dejarán de cobrar parte de lo que prestaron en su día a ICV, según explican a este diario fuentes conocedoras del proceso.

El gran acreedor del partido es CaixaBank: de los 9,2 millones de deuda que tenía la formación, algo más de 8 millones están con esta entidad. En segundo lugar, a mucha distancia, está el BBVA, con poco más de medio millón de euros. El gran tema, ahora, es saber cuántos de estos 9,2 millones se pueden recuperar.

El gran problema de ICV fueron dos aspectos: en primer lugar, que se dejó un dineral con la compra de la sede nacional del partido, ubicada al pasaje del Reloj de Barcelona, un edificio que costó 7,5 millones en plena burbuja inmobiliaria. La última tasación que se ha hecho del edificio sitúa su valor en los 2,3 millones, pero ni siquiera así hay ofertas para comprarlo. De nada ha servido que el sector inmobiliario esté viviendo un momento dorado. Al pasaje se accede desde la calle Escudellers y una reja impide la entrada a los que no son vecinos, lo que quizás le ha restado atractivo de cara a los posibles compradores.

Lo más probable, afirman las personas consultadas, es que el edificio acabe en manos de CaixaBank, que es quien dio el crédito para financiar la compra y la remodelación en profundidad del edificio, incluyendo un espacio protegido para el extenso archivo de la formación, heredera del histórico PSUC.

El banco se ha ofrecido a quedarse el inmueble, según ha podido saber este diario, a través de una dación en pago (el proceso a través del que se salda una hipoteca entregando el inmueble), a pesar de que el banco no quiere dar ningún detalle sobre el proceso de liquidación del partido.

Todo el dinero que puedan recuperar los acreedores vendrán de este edificio y de las 26 sedes que el partido tenía repartidas por Catalunya, algunas de las cuales ya se han vendido. Por ejemplo, una que había en la calle Armengol de Barcelona (muy cerca del Arc de Triomf), que estuvo adquirida por la comunidad musulmana por 200.000 euros para hacer una mezquita. “Cada inmueble es una historia diferente —explican las fuentes—. Algunos quizá también se podrán vender, pero otros se los quedarán los bancos a través de una dación en pago”.

“Contándolo todo, una parte elevada de la deuda acumulada se acabará recuperando”, explica una voz conocedora de la negociación. Otra persona no es tan optimista, sin embargo, acepta que “tanto daño no se habrá hecho con la liquidación del partido” cuando se acabe todo el proceso, en el que los 16 trabajadores que tenía ICV perdieron el trabajo (la mayoría de los principales líderes políticos, sin emabrgo, siguen en activo).

El segundo problema

La bola inmobiliaria fue el primer problema de ICV, pero hubo otro: el partido quedó totalmente arrasado por la irrupción de los comunes. “No hubo mala gestión ni hubo imprudencias. El problema es que irrumpió Podemos e ICV se quedó sin espacio electoral”, aseguran las fuentes consultadas.

El concurso de ICV no es el único: en los últimos años el Procés ha atropellado varias formaciones, como Unión (que bajó la persiana con una deuda de 22,5 millones), CDC (en su caso, la deuda era de 11,9 millones) o la propia ICV. Y el PDECat, que ha despedido a todos sus trabajadores, quizá correrá la misma suerte.

Fichar a políticos tiene riesgos. Que se lo expliquen al bufete madrileño Martínez Echevarría, que hace unos meses partió peras con Albert Rivera entre reproches y de mala manera. Cuando se produjo aquel capítulo muchos miraron hacia Cuatrecasas, el despacho barcelonés que en 2019 fichó como socia a Soraya Sáenz de Santamaría, meses después de que dejara de ser vicepresidenta del Gobierno. El contraste de Santamaría con Rivera era evidente: la primera puede acreditar que, además de licenciada en derecho, es abogada del Estado. Y, a diferencia de lo que dicen de Rivera en su antiguo bufete, en el despacho de Soraya aseguran que es muy trabajadora. 

Pero los riesgos no desaparecen. La ex vicepresidenta del Gobierno está en Cuatrecasas como experta en gobierno corporativo y compliance (el área que supervisa el cumplimiento normativo), además de “especialista en prevención de riesgos legales”, según el despacho. ¿Cómo encaja todo esto en el descubrimiento del espionaje masivo con el software Pegasus que se ha descubierto esta semana, iniciado cuando SSS lideraba el CNI?

Una de las noticias de la semana pasada fue la inauguración de la nueva fábrica de Wallbox, el fabricante catalán de cargadores para coches eléctricos, en la Zona Franca de Barcelona. La empresa tenía previsto estrenarla oficialmente el 7 de abril con el presidente español, Pedro Sánchez, además del president catalán, Pere Aragonès. Pero la cita se aplazó porque Sánchez tuvo que visitar Marruecos de imprevisto. Finalmente la cita se ubicó al 20 de abril, pero Sánchez tampoco fue porque fue repentinamente de visita a Kiev. 

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