Las VTC llevarán la ley del taxi a los tribunales: "No vamos a dejarnos matar"

BarcelonaEl presidente ejecutivo de Unauto –la patronal de las VTC–, José Manuel Berzal, ha afirmado que piensan llevar a los tribunales el proyecto de ley del taxi de la Generalitat, conocido este martes, y que podría suponer la desaparición progresiva de este tipo de vehículos en el territorio catalán. El sector, dijo, "no se dejará matar", durante un encuentro con periodistas junto al secretario de organización del Sindicato Libre de Trabajadores (SLT), José María Cazallas. Ambas entidades han dado a conocer su propuesta alternativa, que plantea medidas sostenibles y de movilidad.

En concreto, pone sobre la mesa el compromiso del sector de los VTC de implementar flotas con etiqueta medioambiental cero emisiones, poder reservar viajes compartidos con otros usuarios mediante taxis y VTC, y la eliminación de trabas como mínimo de longitud del recorrido y tiempo de espera. "No nos dejaremos matar: tenemos la mano tendida con la Administración, pero no vamos a permitir ese atropello y abuso de poder por parte de Territori, rehén del sector del taxi, y esta traición a los ciudadanos", ha destacado Berzal.

Por su parte, Cazallas ha anunciado que el SLT convocará una concentración ante el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat el 23 de septiembre, día en el que está previsto que representantes de esta conselleria se reúnan con el sector de los VTC para darles a conocer el anteproyecto de ley.

Ambas entidades han argumentado que la desaparición de los VTC del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que comportaría la aprobación del texto que está ultimando el Govern tendría un coste estimado de 325 millones de euros, incluyendo la pérdida de unos 6.000 empleos directos e indirectos. Así, afirman que si trabajaran con normalidad las más de 3.700 licencias que existen ahora mismo en Catalunya de VTC (en estos momentos sólo operan unas 2.500), habría un potencial económico de 445 millones para el territorio y de creación de 10.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Asimismo, calculan que de salir adelante la ley, esto supondría que se dejarían de dar 126 millones de euros en salarios y que, por el contrario, deberían pagarse 55 millones en prestaciones por desempleo.

Según Berzal, aunque la ley permitiera que todas las autorizaciones de VTC fueran urbanas, todavía no habría un equilibrio entre la oferta y la demanda: "No tenemos la intención de llenar Barcelona de vehículos que no sean necesarios, pero con la flota de taxis y VTC sigue habiendo gente insatisfecha", aseveró. Por ello, abrió la puerta a utilizar la vía judicial en Cataluña ya escala estatal, e incluso en Europa, donde aseguró que la Comisión Europea está, textualmente, muy pendiente del texto que se apruebe en el Parlamento catalán.

Apuesta por el modelo dual

Cazallas ha explicado que el sector de los VTC afectará a perfiles laborales con mayores dificultades a la hora de encontrar trabajo, como jóvenes, mayores de 55 años o inmigrantes con papeles recientemente regulados, que son "personas con escasos recursos que han visto cobijo en este sector". "No necesitamos ayudas ni subvenciones de la Administración, sólo poder operar libremente y convivir con la existencia de ambos modelos: taxi y VTC, que es lo que necesitan Barcelona y los ciudadanos", ha señalado.