Los presupuestos: la piedra en el zapato de Sánchez desde hace tres años

MadridSin presupuestos generales del Estado en el 2024, ni tampoco en el 2025, todo el mundo mira ya en el 2026. El Estado mantiene prorrogadas las cuentas públicas del 2023, las últimas de Pedro Sánchez, aprobadas el 20 de diciembre del 2022. Aunque la intención del ejecutivo español era aprobarlo. De hecho, si se tiene en cuenta el procedimiento habitual, Pedro Sánchez incluso va tarde en los trámites para unas cuentas públicas para 2026. En este escenario no ha ayudado en absoluto el estallido del caso Santos Cerdán, que ha supuesto una nueva grieta en la relación, siempre débil, entre el gobierno español y sus socios de investidura, lo que se suma a la inestabilidad parlamentaria que envuelve desde el principio la legislatura actual. De hecho, el líder de ERC, Oriol Junqueras, acaba de avisar de que no habrá presupuestos en Catalunya pero tampoco en España, si no se resuelve bien el acuerdo por la financiación singular y, en particular, la recaudación del IRPF.

Volvemos al calendario de unos presupuestos en el Estado. De entrada, nada hace pensar que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera este verano, aunque algunas comunidades autónomas, como Extremadura, lo han pedido del todo español. deuda para los gobiernos autonómicos para que éstos puedan elaborar sus propias cuentas. Antes, el ministerio de Hacienda debería haber publicado ya la orden ministerial para dar el pistoletazo de salida a la elaboración de los PGE. junio.

Con la orden ministerial de Hacienda sobre la mesa, los organismos públicos y los ministerios comienzan a hacer sus cartas particulares a Sus Majestades los Reyes Magos. decir, en la cantidad máxima de dinero que pueden gastar en un año el conjunto de las administraciones públicas del Estado En 2024, de cara a las cuentas de 2025, se planteó un techo de gasto récord: 195.353 millones de euros sin contar los fondos europeos la administración central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social. También establece una nueva regla de gasto. suspendidas con la pandemia de la Covid-19.

Primer choque con los socios

Estos objetivos de estabilidad son los que, precisamente, hicieron descarrilar, en parte, unas cuentas para 2025. Cuando llegaron al Congreso de los Diputados, Junts los tumbó. La formación de Carles Puigdemont, en medio de una crisis de desconfianza con el PSOE por el incumplimiento de algunos de los acuerdos de investidura, reclamó mayor margen de déficit para las comunidades autónomas y menos para la administración central. El acuerdo nunca ha llegado.

Una vez informadas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el gobierno español elabora el anteproyecto de presupuestos que, normalmente, llega a la mesa del consejo de ministros entre septiembre y octubre. Cuando se necesitan los votos de otras formaciones en el Congreso, como es el caso de esta legislatura, el anteproyecto suele recoger ya algunas de sus exigencias para que pueda prosperar una vez llegue a la cámara baja española. De esta forma, aunque la negociación continúa una vez los PGE dan el salto al Congreso, no se empieza de cero.

Con todo, en la Moncloa hace tiempo que buscan evitar la imagen de debilidad en el Parlament, es decir, ver cómo sus leyes descarrilan porque no tienen los votos ligados de los socios de investidura. El último ejemplo de esto es la decisión de posponer el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales para después del verano. Los presupuestos del Estado son una de las pruebas de fuego más importantes, si no la que más, de cara a poder presumir de estabilidad, pero también de proyecto de gobierno, si la intención es agotar la legislatura y convocar elecciones en el 2027. De hecho, si en el 2026 no logra aprobar unas cuentas, Sánchez podría verse abocado a terminar el mandato. Por eso el ejecutivo tendrá que calibrar muy bien cuando, pero también cómo, lleva unos PGE en el Congreso de los Diputados en un momento en el que también ha sobrevolado la idea de una moción de confianza para el caso Cerdán.

¿Tiene consecuencias no tener presupuestos?

Hay quien rebaja las consecuencias de no tener unos presupuestos del Estado –se puede optar por ampliaciones de crédito para gastos no previstos–, aunque esta última semana se ha aprobado una norma en la que se nota que hay unas cuentas prorrogadas: la oferta de empleo público de 36.400 para 2025. el caso de los ya existentes, se cuenta con el mismo dinero.

Mientras, la Autoridad Fiscal acaba de reclamar al ministerio de Hacienda activar cuanto antes el proceso para elaborar los PGE de 2026 y detallar con precisión el impacto del aumento del gasto público en defensa, sobre todo si se quiere alcanzar el 2% del PIB comprometido con la OTAN.