No se invierte más, pero "no se hunde el mundo": ¿qué ocurre cuando se prorroga el presupuesto de un gobierno?

BarcelonaNi el gobierno del Estado ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona. Las tres administraciones públicas mayores que gobiernan los catalanes han comenzado en el 2025 sin presupuestos aprobados. Los difíciles equilibrios políticos que debe hacer el PSC —el partido que gobierna en minoría las tres instituciones— para placer a los socios necesarios han hecho que, aunque deberían haberse cerrado en otoño, las cuentas públicas sigan abiertas en los tres casos.

¿Pero qué pasa si no hay presupuestos? ¿Cómo afecta el funcionamiento de la administración? El año pasado el Gobierno de Pere Aragonès ya no pudo aprobar las cuentas y, si este año no se aprueban, deberán volver a prorrogarse los de los 2023 por segundo año consecutivo, algo que sólo ocurrió en los años 2018 y 2019, durante el Proceso.

Según la consellera de Economia, Alícia Romero, tener que prorrogar las cuentas "dificulta la gestión" del ejecutivo, pero no la imposibilita. "La Generalitat tiene mecanismos para incorporar recursos y seguir haciendo las políticas que el país necesita", añadió el pasado miércoles en una entrevista en Ràdio 4.

La vía más frecuente es la de las ampliaciones de crédito a los presupuestos prorrogados. Esta medida se hace con un decreto ley, es decir, un decreto que aprueba el Gobierno y que es validado posteriormente por el Parlamento por mayoría absoluta -en el caso del gobierno central, lo valida el Congreso de los Diputados-. Las ampliaciones permiten incorporar dinero al presupuesto para fines concretos. "La prórroga tiene limitaciones, pero pueden resolverse con un decreto ley para utilizar todos los recursos que están a disposición", dijo Romero.

Este método será el que seguramente tendrá que utilizar el ejecutivo de Salvador Illa si no consigue cerrar unas cuentas para este año, ya que la buena marcha de la economía catalana y española hará que este 2025 las administraciones recauden más impuestos y, por extensión, tengan mayores ingresos. Esto significa que el presupuesto prorrogado no dará una finalidad a todo el dinero disponible. "Podemos seguir haciendo cosas, aunque no con la misma agilidad", comentó la consellera.

En este sentido, el catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Guillem López Casasnovas, coincide en que sin presupuestos "no se hunde el mundo", pero que son necesarios para evitar que las inversiones queden "postergadas" ". El principal inconveniente de no tener presupuesto es que no se puede planificar ninguna inversión o programa nuevo, y en el caso de los ya existentes, se cuenta con el mismo dinero. "Se puede repetir, pero no aumentar", resume el también catedrático de economía de la UPF, Albert Carreras.

Ahora bien, Carreras, que fue el número dos del departamento de Economia durante el Govern de Artur Mas, lo matiza: "Los presupuestos ligan muchas cosas, sobre todo las de detalle", dice. En temas de mayor alcance —como sueldos públicos o, en el caso del gobierno español, las pensiones— es fácil que se llegue a acuerdos parlamentarios que faciliten ampliaciones del presupuesto, pero "cuando bajas por debajo de esto, todo es bastante rígido", añade.

Sobre las ampliaciones, la Generalitat calcula que ese dinero adicional en relación con el año pasado fruto de la mejor recaudación podría llegar a 4.000 millones de euros, una cifra superior a los 2.700 millones que incorporó el Gobierno de Pere Aragonès año pasado, cuando se trabajaba con las cuentas prorrogadas del 2023. Si una parte de estos 4.000 millones adicionales quedan sin utilizar, serán "un regalo para el ministerio de Hacienda", dice Carreras, ya que terminarán en las cuentas del Estado.

En algún caso puntual, sin embargo, no tener presupuesto puede ser positivo, sobre todo si sirve para evitar malas políticas. Por ejemplo, varios economistas —entre ellos el premio Nobel de economía Paul Krugman— argumentan que durante la crisis financiera y de la deuda que afectó a la zona euro entre 2008 y 2015, Bélgica fue el país que mejor se salió justamente porque, debido a la gran fragmentación de partidos de su parlamento, estuvo casi dos años con un gobierno interino hasta que se logró construir una coalición de partidos suficiente para formar un nuevo ejecutivo. Esto impidió tener presupuestos nuevos durante todo ese tiempo, con todas las desventajas que ello conlleva, pero también evitó que Bélgica sacara adelante las medidas de austeridad que la UE impuso al resto de países y que lastraron el crecimiento del bloque comunitario aquellos años.

Un sistema "anticuado"

López Casasnovas va un poco más allá y cree que el sistema de presupuestos en vigor en todas las administraciones españolas ha quedado "un poco anticuado". Especialmente, el catedrático considera que el sistema de "anualidad" (que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero y caduquen el 31 de diciembre) es "una rémora del pasado". Según su punto de vista, se trata de un sistema que tiene más que ver con la tesorería que con la planificación a grandes rasgos de la actividad económica del sector público.

Además, en una situación como la actual, una administración como la Generalitat ha iniciado el año sin presupuesto nuevo, pero algunos "centros de costes" (por ejemplo universidades u hospitales públicos) sí que han tenido que aprobar unas cuentas propias, pese a no saber con certeza cuál será el dinero que la administración tendrá disponible, lo que crea "un cierto desbarajuste", añade López Casasnovas.