Economía 07/02/2022

El sobrecoste oculto de la T-Mobilitat: mantener los billetes de cartón cuesta 6 millones al año

La tecnología obsoleta del sistema actual hace que sea muy caro solucionar los problemas rutinarios: desde el 2019 el coste se acerca a los 18 millones

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Billete de cartón del ATM, un sistema que el organismo ve "obsolet"

Los retrasos en la entrada en funcionamiento de la T-Mobilitat han provocado numerosos cambios en el contrato de adjudicación –en concreto cuatro, tres de los cuales en los últimos dos años– y varios sobrecostes. No hay unanimidad a la hora de concretar a cuánto sube la factura (hay quien ya lo eleva por encima de los 116 millones de euros, el doble del precio inicial), pero lo que sí que había pasado desapercibido a todo el mundo era el coste que está teniendo para la administración mantener más tiempo del previsto los billetes de transporte de cartón con banda magnética.

En concreto, seguir con los billetes tradicionales cuesta 6 millones de euros anuales, según reconoce la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un informe jurídico publicado recientemente. La T-Mobilitat, un nuevo sistema de billetes de transporte basado en tarjetas de plástico contactless, tenía que estar plenamente desplegada en 2018, pero los sucesivos retrasos han hecho que todavía no esté funcionando. Entre el 2019 y el 2021, por lo tanto, el sobrecoste de las tarjetas de cartón ya se eleva a 18 millones.

Una portavoz de ATM ha confirmado estas cifras al ARA. Los cálculos se extraen del informe jurídico que la ATM redactó para justificar la última modificación del contrato con SOC Mobilitat, el consorcio al que se adjudicó la T-Mobilitat en 2014.

¿Por qué es tan caro?

¿Cómo puede ser que el hecho de mantener las tarjetas de cartón sea tan caro? Según el documento de la ATM, hay dos explicaciones: por un lado, que tratándose de un sistema "con más de 30 años de recorrido" y con "el ciclo de vida agotado", no hay proveedores que puedan encargarse ni siquiera de hacer el mantenimiento necesario. A menudo, se explica en el texto, los operadores del transporte público tienen que asumir estos servicios "de una manera artesanal".

La segunda explicación es el fraude. Dado que el sistema está anticuado, "cada vez hay más fraude porque la tecnología lo permite". En cambio, asegura la ATM, los sistemas sin contacto como la T-Mobilitat "implementan medidas de seguridad mucho más sofisticadas que dificultan enormemente [...] el fraude".

Según la estimación de la ATM, de los seis millones de sobrecoste que genera la pervivencia de las tarjetas de cartón la mitad se corresponde al fraude y la otra mitad a los costes que hay que asumir debido a la falta de proveedores que puedan prestar servicio para esta tecnología. Continuar con el sistema antiguo, concluye el informe, "tiene un impacto económico relevando".

Argumentos para no romper el contrato

La ATM hace estos cálculos para justificar que es mejor no romper el contrato con la empresa adjudicataria, puesto que considera que esto atrasaría cuatro años más el proyecto y, por lo tanto, el coste de mantener el sistema antiguo seguiría ascendiendo, a razón de seis millones de euros anuales. El informe también asegura que liquidar el contrato tendría una "dimensión reputacional" y provocaría una "reacción adversa por parte de la sociedad, incomprensión y rechazo hacia la marca T-Mobilitat". "La parada del proyecto sería considerada [...] un fracaso de las administraciones públicas", se justifica.

Según el ATM, si se rompiera el contrato, se tardaría cuatro años más en completar el despliegue de la T-Mobilitat, motivo por el cual cree que es mejor seguir con SOC Mobilitat, donde los principales accionistas son CaixaBank, Indra, Marfina y Fujitsu.

Tal como explicó ayer este diario , la tensión entre los socios y entre estos y la administración ha vivido capítulos muy tensos, como por ejemplo cuando el año pasado CaixaBank (que además de accionista es quien pone el dinero para desplegar el proyecto) congeló la entrega de dinero a SOC Mobilitat, hecho que puso en "grave riesgo" la supervivencia del proyecto. SOC Mobilitat había incumplido algunas condiciones del contrato de financiación y esto provocó que la auditora KPMG cuestionara que se pueda considerar que la compañía siga siendo una "empresa en funcionamiento".

Otro capítulo de tensión se vivió en octubre del 2020, cuando Indra anunció que dejaba de trabajar en la T-Mobilitat. Finalmente, los dos accionistas reconsideraron su posición por motivos que el informe no detalla.

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