El fiasco de PISA y las responsabilidades políticas
BarcelonaLa consejera de Educación, Esther Niubó, ha dado explicaciones finalmente sobre el fiasco de las pruebas PISA de este año, en las que Cataluña no podrá comparar los resultados con ediciones anteriores porque la muestra no es representativa. Recordemos que en el caso catalán se descartó hasta un 23% de alumnos cuando el máximo permitido es solo del 5%. Y eso que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el órgano estatal que coordina las pruebas, advirtió hasta en siete ocasiones a las autoridades catalanas de que se estaba produciendo esta desviación. Nadie, sin embargo, hizo nada para solucionar el problema y el resultado ha sido desastroso, ya que Cataluña vivirá seis años a oscuras en cuanto a la evaluación del sistema educativo.
El fiasco le ha costado el cargo a la número dos del departamento, Teresa Sambola, que será sustituida por la actual gerente del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Clari. Esta es la manera en que la consejera Niubó asume las responsabilidades políticas del caso, pero ahora hay que aclarar también por qué se pudo producir el desastre. De momento se han abierto tres expedientes disciplinarios. Uno a un alto cargo del departamento por "omisiones que constituyen desidia o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas", y dos más por falta grave a dos funcionarios. Hay que decir que ninguna de estas personas continúa en activo.
La normativa fija que la gestión del expediente se puede alargar hasta dos años a partir de ahora, aunque la voluntad del departamento es no agotar este plazo. Precisamente, este caso debería servir también para acelerar la reforma de la administración que el gobierno de Salvador Illa quiere implementar justamente para agilizar los expedientes y la asunción de responsabilidades de los funcionarios que no cumplan con las funciones que tienen encomendadas. El error humano siempre es comprensible, y la administración debe encontrar la manera de minimizar su impacto, pero cuando se trata de una incompetencia manifiesta y sostenida en el tiempo, al margen de si hay o no mala fe, se debe poder apartar al funcionario de su cargo y, en casos puntuales, dejarlo sin plaza. No podemos afirmar que este haya sido el caso hasta que el expediente esté terminado y los afectados hayan podido presentar todos los recursos, pero es evidente que la administración tiene, en este ámbito, un problema estructural.
El hecho de no tener unos resultados de PISA homologables tampoco puede servir de excusa para no someter el sistema educativo catalán a una evaluación continuada. No podemos esperar tres años a saber en qué punto estamos, porque eso equivaldría a quedarnos atrás respecto a otros países y comunidades autónomas. Este error obliga al ejecutivo de Salvador Illa a volcarse todavía más en la educación como prioridad absoluta, tanto a la hora de dedicarle recursos como con las apuestas pedagógicas. Porque el mundo no nos estará esperando cuando, en 2029, tengamos unos resultados de PISA homologables.