Un fraude social letal
El fraude debe combatirse siempre y en todas partes. Sin excepciones. Venga de arriba o de abajo. Estamos demasiado malacostumbrados al "hecha la ley, hecha la trampa", una plaga que viene de lejos. En todos los casos, los fraudes generan y amplifican la sensación de desconfianza y de impunidad, de forma que esparcen la desafección ciudadana hacia las instituciones. La reacción disgustada suele ir por ahí: "Si hay quien se dedica a saltarse las normas para beneficiarse del dinero de todos, ¿por qué yo debo cumplir? ¿Por qué debo pagar mis impuestos? Al final seré la única persona que cumplirá con sus obligaciones y no se saltará las normas". La picaresca se contagia fácilmente.
El caso de los extranjeros que han hecho pasar a sus hijos por menores no acompañados, abandonándolos deliberadamente para que entraran en el sistema de protección bajo tutela de la Generalitat, no hace sino dar argumentos a quienes rechazan cualquier política de acogida. Las formaciones de ultraderecha ya estarán preparando una campaña de agitación a partir de este ejemplo para atizar la idea de que los venidos de fuera se aprovechan de las ayudas sociales en detrimento de las de casa. No importa que los datos los desmientan y que las entidades sociales denuncien la dificultad de llegar a los más vulnerables, normalmente marginados de las ayudas. Un lamentable caso así les da gasolina a la hora de crear un clima generalizado de culpabilización de colectivos enteros.
Que se haya destapado esta red de abuso es preocupante y al mismo tiempo una buena noticia. Es preocupante porque debería haberse interceptado antes, lo que significa que la administración no tiene mecanismos de control suficientes: con el dinero público hay que ser muy riguroso, transparente y eficaz. Es a la vez una buena noticia porque se ha puesto fin a un fraude social relevante, con falsos tipos que en realidad no eran los más vulnerables, de ahí que internamente se les llamara "los Erasmus" y estuvieran bajo sospecha por el hecho de que se notaba que tenían más medios que la mayoría.
Por el momento, en este caso hay una treintena de padres detenidos, y 22 de ellos volvieron con su familia biológica. Pero la investigación sigue abierta. La sospecha la tuvo por primera vez en noviembre del 2023 elantigua DGAIA, sustituida hace unos meses por la DGPPIA(la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia). El objetivo de los infractores era doble. Por un lado, conseguir para sus hijos, por esa vía fraudulenta, unos beneficios directos de sanidad y educación desde el ámbito de protección de la infancia de la Generalitat. Y, por otra, una vez alcanzada la mayoría de edad, reagruparse con la familia para obtener los permisos de residencia del grupo familiar. Se han detectado 124 expedientes de menores en centros de protección en Tarragona que podrían estar vinculados a este tipo de ilegalidad. De éstos, 109 fueron analizados y se tramitaron 28 atestados. Las acusaciones a los progenitores son: abandono de menores, favorecimiento de la inmigración irregular y fraude en la administración pública.
Tergiversar y pervertir el sistema de protección de menores perjudica sobre todo a los auténticos menores no acompañados, vulnerables de verdad.
