Guerracivilismo, ahora contra la fiscal
En esta España dual y permanentemente confrontada, todo es susceptible de convertirse en arma arrojadiza. Es el guerracivilismo contumaz y atávico. La derecha española no da tregua. Si alguien ha hecho una enmienda a la totalidad al espíritu de consenso de la Transición es la confluencia competitiva PP-Vox, a ver quién señala a más supuestos traidores a la patria. El último episodio es el que afecta a la Fiscalía General del Estado. Alcanzada la caída del fiscal Álvaro García Ortiz, la elección del ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha despertado los instintos belicosos de la derecha. La Moncloa ha propuesto como sustituta a la progresista feminista Teresa Peramato (Salamanca, 1962), miembro de la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió del 2019 al 2021.
Sea casual o querido, la sentencia del Tribunal Supremo contra García Ortiz se hizo pública un 20-N de turbias de resonancia 25-N ideológicamente antagonista. Ambas Españas parecen no ahorrar ni carga simbólica ni guerra cultural. Pese al llamamiento de los socios de Sumar a movilizarse contra el Supremo, un llamamiento que el gobierno español no ha hecho suyo, hay uno, de España, claramente y explícitamente más beligerante. La de una derecha que sabe utilizar el implacable lawfare sin miramientos ni disimulo. Actúa, claro, desde la tranquilidad de dominar sus resortes.
Cuando la izquierda socialista se apuntó sin hacer aspavientos a la persecución judicial del soberanismo, no quiso o saber ver que tarde o temprano la furia caería sobre él. ¿Qué furia? ¿Qué resortes? Pues la combinación armónica y conspirativa de tres instancias: las policías patrióticas, una alta judicatura que se muestra implacable contra quienes considera enemigos políticos y un brazo mediático que engorda y prepara siempre el terreno. Un brazo, este último, que, por cierto, en las últimas semanas ha abierto una nueva y vergonzosa guerra señalando a periodistas. Ahora, por supuestos tratos profesionales de favor a hijos de periodistas como Xabier Fortes (RTVE), Esther Palomera (Eldiario.es) o Isaías Lafuente (Cadena SER).
Pero volviendo a la Fiscalía, desde la oposición del PP y Vox ahora toca empezar a escarbar en la deslegitimación de la futura nueva fiscal general. De entrada, con la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, nada sutil, de que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que avale a la candidata del gobierno a fiscal general pase de consultivo a vinculante. Ante la dificultad de cuestionar el perfil profesional de la escogida, se ha empezado poniendo el foco en el procedimiento, lo que, como quien no quiere la cosa, pone en entredicho la idoneidad de la elección. Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene una amplia trayectoria difícil de criticar y especialmente consistente en el campo de la lucha contra la violencia machista y en favor de la igualdad de género. Pero el PP necesita sembrar la duda a toda costa: "Si a esta nueva fiscal el presidente [Pedro Sánchez] le pide que cometa un delito, ¿lo hará?", se ha preguntado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Parece que sí, que todo vale. La batalla continuará.
