Huir del triunfalismo con la vivienda
Que el acceso a la vivienda sigue siendo casi una utopía para buena parte de la población, aunque está reconocido como derecho al artículo 47 de la Constitución, es evidente. La compraventa es difícil y, especialmente, el alquiler por residencia habitual es caro, con incrementos muy por encima de los salarios y una oferta muy limitada. Por eso Catalunya, que ya tenía previsto durante la anterior legislatura contener las rentas que perciben los propietarios, fue la primera en aplicar los topes en las llamadas zonas tensionadas, previstos en la ley de la vivienda que el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar logró aprobar hace casi dos años.
En este sentido, Catalunya es un verdadero banco de pruebas de una medida muy criticada desde la oposición al sector inmobiliario, por considerarla intervencionista y dañina. Los últimos datos, que revelan una bajada del 6,4% en Barcelona y del 3,7% en el conjunto del país en el último año, son positivos. Pero hay que huir del triunfalismo. Lo cierto es que las cifras dadas a conocer por la ministra de Vivienda y Agenda, Isabel Rodríguez; la consejera de Política Territorial, Sílvia Paneque, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sólo reflejan parte de la realidad. De hecho, afectan sólo a los nuevos contratos, no a la media de todos los contratos vigentes en las zonas tensionadas. En concreto, los alquileres firmados en este período y sólo en los primeros 140 municipios que se acogieron a esta medida, sin incluir aún los otros 131 que se sumaron posteriormente. Es como si nos fijáramos en una galaxia dentro de una constelación.
La razón es que en el mercado conviven distintas realidades. Una destinada a la vivienda habitual está sometida a topes y, según las administraciones central, autonómica y municipal, vive un período de contención en los precios y no ha provocado una reducción de contratos. La otra es una oferta que no está afectada por límite alguno, y se caracteriza por unos precios altos y un creciente protagonismo de los alquileres de temporada. Ésta última es la vía que utilizan muchos propietarios para evitar límites a las rentas que pueden cobrar, ya que estos alquileres no están sometidos a la regulación que incluye los topes. Este tipo de contratos crecen sin cesar: casi el 45% en Catalunya el pasado año, y el 40,8% en Barcelona, el principal polo de atracción de este negocio.
Si realmente se quiere cumplir el mandato constitucional del derecho a la vivienda son necesarias más medidas para facilitar su acceso. Algunas, como incentivar la oferta pública, las ha incluido el gobierno catalán en su lista de prioridades. Pero el reto merece mayor margen para actuar. Una de las posibilidades le apuntaba en este diario el alcalde de Barcelona, junto a otros mandatarios municipales europeos: que el gasto en vivienda social no se contabilice de cara al déficit, tal y como se plantea para la Defensa. Es una cuestión de la que ya se habla en Bruselas y que podría contribuir a poner fin a la escasa presencia pública en el mercado de la vivienda e impulsar su acceso.