Esta semana comienzan en Madrid dos juicios que sin duda tendrán un fuerte impacto en la política española. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, y el martes en el Tribunal Supremo se juzgará al exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos por el primer caso que le afecta, el de una supuesta trama para cobrar comisiones por vender mascarillas a diferentes instituciones del Estado.
El caso Kitchen, sin embargo, es muy diferente de los episodios de corrupción a los que estamos lamentablemente acostumbrados. Lo que se juzga son las cloacas del Estado: a los acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se les responsabiliza de haber montado una especie de policía paralela dentro de la Policía Nacional que actuaba al margen de la ley y con fines políticos. La llamada policía patriótica estuvo involucrada en la guerra sucia contra el independentismo y también contra Podemos, pero en el caso Kitchen se da la circunstancia de que de lo que se trataba era de evitar que documentación sensible para el PP en posesión de Luis Bárcenas cayera en manos de los agentes judiciales que investigaban el caso Gürtel. O sea, desde dentro del mismo ministerio del Interior se trabajaba contra la justicia, boicoteando una investigación que podía resultar letal para el entonces partido en el poder, ya que hablamos del año 2013.
Como en otras cuestiones, la misión recayó en el excomisario José Manuel Villarejo, que reclutó al chófer de Bárcenas y a su mujer para poder entrar hasta la cocina de su casa –de ahí el nombre Kitchen–, sobornándolo con dinero proveniente de los fondos reservados del ministerio del Interior. Porque claro, toda la operación se hizo por orden de Fernández Díaz, autor de frases célebres como "Esto la Fiscalía te lo afina", en el marco de la guerra sucia contra el independentismo.
Es difícil imaginar una violación más flagrante del estado de derecho que usar los recursos del ministerio del Interior y de la policía para proteger al partido en el poder en un caso claro de corrupción. Pero en realidad lo que demuestra el caso Kitchen es la concepción patrimonial que la derecha española tiene del Estado. Y en esta ocasión no había ni tan solo la excusa patriótica de luchar contra el independentismo o el comunismo, sino que simplemente se estaba encubriendo uno de los principales casos de corrupción de la historia democrática española. De hecho, recordemos que fue la sentencia del caso Gürtel el que propició la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.
De momento el PP todavía no ha ofrecido una explicación coherente sobre estos hechos ni sobre el caso Gürtel ni sobre los papeles de Bárcenas. Pablo Casado anunció que, una vez comprobado que la sede del PP de Génova se había pagado con dinero negro, había que buscar una nueva. Pero con Feijóo esta idea se ha enterrado. Y evidentemente Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría dirán que no sabían nada. Pero este juicio debería servir para mostrar la verdadera naturaleza del PP.
