La necesaria supervisión de las residencias geriátricas
Las residencias de mayores tienen la gran responsabilidad de garantizar una vida digna para miles de ciudadanos, muchos de los cuales llegan para pasar los años más frágiles y desvalidos de sus vidas. Su trabajo es imprescindible, tal y como reivindica el propio sector cuando denuncia la falta de recursos humanos y materiales con los que afronta esta tarea, en un país en el que, viendo que la esperanza de vida no deja de crecer, serán cada vez más necesarios estos equipamientos y servicios.
Hoy publicamos en el ARA unos datos tristes y vergonzosos: más de cinco millones de euros en sanciones impuestas a residencias geriátricas que han incurrido en prácticas indignas hacia sus residentes entre los años 2020 y 2024. El hecho de que sean una minoría de centros (los datos de la Generalitat) no resta gravedad a las situaciones que han sufrido sus residentes. Hablamos de infracciones graves que tienen que ver con falta de higiene, dietas inadecuadas o incluso una mala administración de medicamentos, con riesgo para la salud que esto puede comportar. Situaciones intolerables que, en los casos más críticos, también han derivado en órdenes de cierre de un total de trece residencias en todo el país, la mayoría por no estar registradas oficialmente y ofrecer servicio de forma ilegal o por no cumplir la normativa de adaptabilidad.
Los datos de la inspección del departamento de Derechos Sociales retratan el período posterior a la pandemia de la cóvido, que causó estragos en los geriátricos, con miles de muertes y situaciones de sufrimiento para muchas familias que, en muchos casos, todavía no han sido reparadas. Que las sanciones crecieran en los dos años inmediatos después del estallido de la covid seguramente es fruto de un incremento de la vigilancia y el escrutinio hacia estos centros que debemos celebrar y, sobre todo, mantener. La evaluación de una actividad tan delicada es deseable y, por eso, se necesitan más recursos que la hagan posible.
Los 29 profesionales (la mayoría mujeres) que actualmente se encargan de controlar al menos una vez al año el millar de centros autorizados como residencias son una plantilla demasiado reducida, si tenemos en cuenta que también se encargan de la supervisión de los centros de día, las residencias de personas con discapacidad, de salud mental o las viviendas de apoyo a víctimas de la violencia machista, la salud. Por más que los efectivos reciban el apoyo de inspectores del departamento de Salut, no se debe renunciar a dar pasos adelante que permitan un control aún más efectivo y exhaustivo de las empresas (sólo el 3% de las plazas son públicas) para detectar situaciones preocupantes con mayor anticipación.
Los mecanismos de vigilancia y control, bien conducidos y financiados, son la herramienta clave para aislar a las empresas que con su trabajo negligente minan la confianza en un sector esencial que tiene en sus manos el cuidado de miles de personas mayores y cada vez más dependientes, según constatan los datos de la propia Generalitat. El perfil del residente es cada vez más el de una persona que sufre demencia o graves problemas de movilidad (en un 80% de los casos) y que, por tanto, necesita atenciones más complejas y más recursos sanitarios que las familias y el mismo sector hace tiempo que exigen al Gobierno. En esta demanda deben encontrar el pleno apoyo de la sociedad, por respeto a nuestros ancianos y para preparar un futuro en el que la necesidad de plazas y equipamientos crecerá al igual que la población mayor en los próximos años.
