La ley de amnistía para los encausados por el procés independentista entró en vigor en junio de 2024. Han pasado más de dos años y el bloqueo continúa. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar hasta que llegue a todos los implicados?
La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es objetivamente una muy buena noticia. El más alto tribunal de Luxemburgo ha dado un aval casi total a la ley: niega que su aplicación afecte los intereses financieros de la UE, niega que vulnere la directiva de antiterrorismo y da por bueno el espíritu de “reconciliación” entre España y Cataluña que la inspira. Un éxito.
La mala noticia es que puede que tampoco sirva para desbloquear la aplicación efectiva y general de la amnistía. Hay unos jueces, los del Tribunal Supremo, encabezados por Manuel Marchena y Pablo Llarena, que no están dispuestos a llevarla adelante. Hace tiempo que se lo toman como una cuestión de honor gremial desde un posicionamiento que cuesta desvincular del aznarista "quien pueda hacer, que haga". Sus miembros no están dispuestos a que nadie, incluidos el poder legislativo, el TJUE o el mismo Tribunal Constitucional (TC), les enmiende la plana. Para ellos, la amnistía es una enmienda a la totalidad a su sentencia.
En la medida en que el Supremo pueda, los líderes del Proceso, y en especial el expresidente Puigdemont, no saldrán tan fácilmente. Es más que probable que este tribunal continúe buscando maneras de escaparse del mandato de la ley con retrasos procesales e interpretaciones peregrinas de la misma norma, como la pirueta argumental consistente en decir que si los líderes no pusieron dinero de su bolsillo para organizar el referéndum, el enriquecimiento fue indirecto. Así pues, a pesar de la buena noticia del TJUE, el regreso del dirigente juntaire y la posibilidad de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, se presente a las elecciones continúan en el aire.
¿Qué pasará ahora? Lo más plausible es que el Constitucional, que tiene pendientes los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas exiliados y condenados por malversación por la organización del referéndum del 1 de Octubre, a la vista del posicionamiento del TJUE, abogue ahora –en septiembre o en octubre– para que se aplique la amnistía, y que así lo notifique al Supremo. En función de la claridad de su posicionamiento, el Supremo lo tendrá más o menos difícil para continuar obstaculizando la amnistía. En el escenario más duro de choque institucional judicial, incluso podría llegar a acusar de prevaricación a los miembros del TC, de mayoría progresista. Tiene, sin embargo, otras vías intermedias para frenar la amnistía. Sea como sea, cuesta pensar que tirará la toalla.
El Supremo ha demostrado sobradamente que va a la suya. De manera que, aunque al PP le pudiera interesar pasar página con un Puigdemont amnistiado por si en un futuro no muy lejano necesitase para gobernar los votos de Junts, no parece que el tribunal esté por la labor. Para Marchena, Llarena y compañía, más allá de su patriótico españolismo revanchista, es una cuestión de amor propio judicial. Y hay que tener claro que el secuestro judicial de la política, iniciado con el Proceso, hoy, junto al bloqueo de la amnistía, marca la realidad madrileña, con el gobierno del PSOE en el punto de mira.
