¿La última oportunidad para investigar la operación Cataluña?
El expresidente de la Generalitat Artur Mas explica en la entrevista que el ARA publica este domingo que ya ha presentado la querella por la operación Catalunya que anunció el lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. La querella tiene dos patas. La primera es todo lo que hace referencia a la publicación de noticias falsas a través de la llamada "policía patriótica", una maniobra orquestada por el excomisario José Manuel Villarejo por encargo de la cúpula del PP, según prueban los audios facilitados por el propio expolicía. Y la segunda hace referencia al espionaje con Pegasus del que Mas fue víctima entre 2015 y 2020, según el laboratorio canadiense especializado.
Parece mentira que con la cantidad de pruebas que se han ido acumulando hasta ahora, entre ellas grabaciones muy explícitas donde se oye la voz, entre otras personas, de Jorge Fernández Díaz o María Dolores de Cospedal, ninguna de las querellas que se ha presentado hasta ahora para investigar la operación Catalunya (bate. El caso más doloroso quizá sea el de Sandro Rosell y Joan Besolí, que pasaron dos años en prisión preventiva antes de ser absueltos. Rosell, como presidente del Barça, era uno de los nombres que aparecía en las listas de personas a las que había que castigar por apoyar el Proceso o por el simple hecho de ser alguien significativo en Catalunya.
La querella de Mas, pues, quizás representa la última oportunidad de iniciar una verdadera investigación sobre este caso. Hay un factor que hará difícil que no sea admitida a trámite de entrada, y es que incluye el espionaje con Pegasus, que es un caso que sí se está investigando en otros juzgados, por ejemplo en el caso de otro expresidente de la Generalitat como es Pere Aragonès. Habrá que estar muy atentos, pues, al camino que sigue esta querella y, en especial, a la actitud que adopta la Fiscalía, que hasta ahora ha sido muy tibia con este caso.
Hay que anotar también que en el último año y pico la situación ha cambiado. El PSOE, y especialmente su líder, Pedro Sánchez, ha visto cómo se convertía también en víctima de casos de lawfare. La instrucción del juez Juan Carlos Peinado del caso que afecta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ha acabado de convencer al PSOE de que lo que denunciaban los independentistas y Podemos en su caso era cierto. Y la batalla del Supremo contra el fiscal general del Estado por el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aún ha afianzado más a los socialistas en esta convicción. Por eso ahora es esperable una actitud más contundente de la Fiscalía para llegar hasta el fondo en ese escándalo democrático.
¿Y qué es lo que hay que esclarecer? Pues no sólo quiénes fueron los agentes que llevaron a cabo las operaciones de desinformación y espionaje, sino quién las ordenó y con qué dinero se financiaron. La desmemoria de todos los dirigentes del PP que han pasado por la comisión es muy elocuente, insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Si a los dirigentes independentistas se les encarceló supuestamente por saltarse la ley, puede que la ley se aplique ahora a todos por igual.
