Una crisis migratoria muy oportuna
BarcelonaMientras Marruecos se afana en construir estadios de fútbol para el próximo Mundial, miles de sus ciudadanos intentan marcharse del país para ganarse un futuro mejor. Entre las imágenes de estos días del espigón del Tarajal, llaman la atención las familias con criaturas pequeñas aferradas a flotadores o a chalecos de juguete. No se olviden que en esta misma playa, en 2014 una quincena de jóvenes subsaharianos murieron ahogados mientras la policía española les disparaba balas de goma.
Alguien en el lado marroquí de la valla ha decidido estos últimos días relajar los controles. La última vez que ocurrió una situación similar, en 2021, jóvenes marroquíes aún mojados después de haber cruzado a nado el espigón me explicaban que el alcalde de su pueblo había ido a la salida del instituto para asegurarles que la frontera estaba abierta.
Esta vez, la crisis coincide con la aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados español, el 23 de julio, de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental era colonia española y a sus descendientes.
Esta iniciativa, a propuesta de Sumar, viene a tapar el principal fiasco de la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez: haber cedido a las presiones de Marruecos y de los Estados Unidos para renunciar a la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, la excolonia española que al final de la dictadura franquista Marruecos ocupó ilegalmente. El referéndum de autodeterminación prometido, la última asignatura pendiente de la descolonización de África, que la ONU debía implementar con su misión de paz, ha quedado en papel mojado. España, como excolonia, tenía la obligación moral y legal de garantizar este referéndum, pero ha podido más la presión de Marruecos como guardián de las fronteras españolas y la de los Estados Unidos de Donald Trump, que reconocieron la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Rabat reconociera el estado de Israel.
La ley se votará en el pleno del Congreso en septiembre y después deberá pasar el trámite del Senado, pero con la abstención sorpresa del PP en la Comisión de Justicia, tiene todas las opciones de salir adelante. Y lo que no quiere Marruecos es que entre 100.000 y 200.000 saharauis que viven en los campos de refugiados de Tinduf, en el desierto de Argelia, y también en el Sáhara ocupado por Marruecos o en otros países se conviertan, con su derecho a voto, en un lobby de presión sobre la política española, ahora que a Rabat le resulta tan favorable. Y provocar una crisis migratoria, en los tiempos que corren, puede servir para cambiar políticas.
Hace ya mucho tiempo que sabemos que no es buena idea subcontratar un régimen sin garantías democráticas para vigilar tus fronteras, y ahora se vuelve a demostrar.