El precio de defender los derechos LGTBI en Venezuela
Inney Romero y Julián Parra, activistas intersexuales, se han refugiado en Barcelona
BarcelonaInney Romero y Julián Parra llegaron el pasado 19 de mayo a Barcelona. Tuvieron que huir apresuradamente de su Venezuela natal después de haber sufrido amenazas y agresiones. Su crimen: defender los derechos de las personas intersexuales y haberse negado a avalar falsos títulos universitarios para "ministros, viceministros, jueces y diputados" afines al régimen de Nicolás Maduro. Hasta esta semana no han logrado una cita para pedir asilo político en España.
La pareja de activistas formaban parte de la entidad Intersex Venezuela, la única que defiende los derechos de las personas intersexuales en el país. "En Venezuela, los derechos LGTBI+ son totalmente inexistentes. Aunque formalmente la Constitución reconoce a algunos y el estado se hace llamar laico, en la práctica las iglesias evangélicas tienen mucho peso", explica Romero. No existe el matrimonio igualitario, ni reconocimiento de la comaternidad o copaternidad, y el vínculo entre el chavismo y las iglesias evangélicas se ha reforzado en los últimos años con la figura de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, que ocupa la vicepresidencia de asuntos religiosos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "No puedes ir tranquilo por la calle: nos acusan de pedófilos, de ser producto de la agenda 2030...", añade Parra.
Si los derechos LGTBI+ en general son vulnerados, las personas intersexuales se enfrentan además a la incomprensión dentro del sistema sanitario, que los trata como conejillos de indias. "En Venezuela la sanidad es muy deficitaria, pero si consigues que te atienda a un médico no sabrá qué hacer contigo. Solo te ven como una curiosidad científica. Te someten a tratamientos hormonales o quirúrgicos sin sentido, parece que se concentren en saber qué tienes entre los muslos o si el hermafroditismo es una realidad genital, en lugar de tratar tus problemas de salud", denuncia Romero. Parra sale a la calle con una faja que esconde sus pechos para evitar las vejaciones. De pequeño le hicieron un tratamiento quirúrgico para convertirlo en una niña y en su carnet de identidad consta como mujer, con el nombre de Indra Leonor. Por eso Intersex —una asociación no reconocida en Venezuela, como muchas de las que defienden los derechos LGTBI+— se dedicaba, entre otras cosas, a realizar cursos de formación para el personal sanitario.
Fue precisamente en una manifestación para reclamar que las personas transgéneros e intersexuales puedan acogerse a la ley que permite cambiarse el nombre cuando Julián empezó a tener problemas en la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas de Caracas, donde trabajaba como profesor de historia y director de Desarrollo Educativo. Inney Romero era la directora de Control de Estudios.
Falsos títulos universitarios
"Hay muchos altos cargos y políticos que no tienen titulación universitaria y el gobierno les da un título falso. Nos dijeron que publicarían una nueva graduación con una lista en la que constaban viceministros, diputados, miembros del Consejo Nacional Electoral, jueces del Tribunal Supremo... y nosotros nos negamos. Era un acto de corrupción y nos querían acallar", recuerda Romero.
La excusa fue una intervención de Parra en la manifestación sobre la ley por el cambio de nombre, que quedó recogida en un vídeo. "Empezaron las amenazas verbales por parte de miembros del rectorado que se mofaban de nosotros: nos decían marimachas y chaperas, y nos preguntaban por dónde debían violarnos para dirigirnos", recuerda Romero. "Nos abrieron una investigación por delito informático y traición a la patria, porque nosotros teníamos acceso a los datos", añade. Como a todo el mundo que se atreve a criticar el régimen chavista, les acusaron de ser agentes al servicio de Estados Unidos.
Entonces empezaron a temer por su integridad. Se dieron cuenta de que sus redes sociales, correos electrónicos y teléfonos móviles estaban pinchados. Hasta que, un día, agentes de la Guardia Nacional se presentaron en su casa: "Nos cogieron y nos agredieron", dice Parra, y muestra una cicatriz en la cara. "En Venezuela los opositores políticos primero son investigados, después denunciados y muchos terminan muertos", añade Romero, pudieron huir y salieron del país gracias a la ayuda de entidades defensoras de los derechos humanos y acabaron en Barcelona "porque era donde los billetes de avión eran más baratos", dice ella.
