El 'statu quo' de Guatemala se conjura contra la izquierda de Bernardo Arévalo

Ciudad de GuatemalaEl ‘statu quo’ de Guatemala no quiere a Bernardo Arévalo, quien asumirá la presidencia el 14 de enero de 2024 con su partido político, el Movimiento Semilla, pese a arrasar en la segunda vuelta de las elecciones del 20 de agosto. Logró 2,4 millones de votos, frente a 1,5 millones de su rival, Sandra Torres, quien sigue sin reconocer su derrota que la achaca a un “fraude”. La justicia está haciendo lo imposible para evitar que gobierne una formación socialdemócrata liderada por el hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), quien ha prometido “sacar al país del pantano de la corrupción”.

Este compromiso lo convirtió en la gran sorpresa al quedar en segundo lugar en la primera vuelta del 25 de junio cuando ninguna encuesta lo vaticinaba. Sin embargo, el mismo día en el que se oficializaron los resultados el 12 de julio, el juez del Juzgado Séptimo, Fredy Orellana, ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendiera la personalidad jurídica de Semilla. Todo ello después de que lo solicitara el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, en base a una investigación en la que acusa a Semilla de haberse constituido en 2018 con la firma falsa de más de 300 afiliados y la rúbrica de 18 personas fallecidas.

En esa ocasión, el director del Registro de Ciudadanos del TSE, Ramiro Muñoz, se negó a acatar la orden judicial, bajo el argumento de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que “no podrá suspenderse una fuerza política después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”. La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó al día siguiente un amparo provisional a Semilla que frenó la orden del juez, lo que permitió a Bernardo Arévalo postularse a la segunda vuelta.

No obstante, a pocas horas de que el TSE oficializara el pasado lunes los resultados de las elecciones del 20 de agosto, el director del Registro de Ciudadanos cambió de opinión y resolvió la suspensión provisional de la personalidad jurídica de Semilla, un partido que nació en el seno de las protestas multitudinarias de 2015 en Guatemala en contra de la corrupción, que provocaron la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina, quien permanece en prisión preventiva desde septiembre de ese año.

El siguiente paso de la conjura del sistema contra Bernardo Arévalo se produjo este miércoles cuando la Junta Directiva del Congreso desconoció a los siete diputados de la bancada Semilla y los declaró independientes. Esta decisión afecta también a los 23 diputados de esta formación política que tomarán posesión el 14 de enero de 2024 y que tampoco podrán constituir ningún grupo en la Cámara conformada por 160 legisladores.

Por ello, Bernardo Arévalo denunció este viernes un “Golpe de Estado promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia”, encabezadas por “la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, el juez séptimo, Fredy Orellana, la Junta Directiva del Congreso y otros actores corruptos y antidemocráticos” a los que acusa de haber puesto en marcha un plan para “romper el orden constitucional y violentar la democracia y la voluntad del pueblo”.

Semilla ha intentado poner freno a lo que tacha como una “persecución política” planteando un recurso de nulidad ante el TSE en contra del director del Registro de Ciudadanos al considerar que es “nula de pleno derecho”.  Pese a que el Tribunal no entró a conocer el fondo del recurso, este sábado resolvió dejar en suspenso hasta que concluya el proceso electoral (31 de octubre) la suspensión jurídica del partido, por lo que Bernardo Arévalo recuperó de nuevo su formación política el mismo día en el que miles de personas se manifestaron en Ciudad de Guatemala en defensa de la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas. El presidente electo también ha interpuesto un amparo ante la CC en contra de la Junta Directiva del Congreso por “no haber dado audiencia, ni haber consultado al Pleno” sobre el desconocimiento de Semilla. 

El jefe de la bancada Semilla, Samuel Pérez, ha censurado el “complot de cuatro instituciones del Estado: la Fiscalía, el director del Registro de Ciudadanos, la Junta Directiva del Congreso y el Organismo Judicial”, que se han confabulado para “debilitar o desaparecer” a esta formación sobre “fundamentos ilegales, arbitrarios y ridículos”.

"Golpe de estado"

Todas estas acciones judiciales contra Semilla han provocado que en los últimos meses miles de personas salieran a las calles a protestar frente al Ministerio Público en contra de lo que consideran un “golpe de Estado” orquestado por la fiscal general, el jefe de la FECI y el juez Orellana ante el temor de que Bernardo Arévalo dé un giro de 180 grados a un país donde la corrupción es endémica, lo que provoca que seis de cada diez personas vivan en la pobreza o extrema pobreza.

Las amenazas al presidente electo no han sido solo judiciales, sino también de atentados en su contra. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció la existencia de dos complots para asesinarle. Su equipo de seguridad tiene información desde el 4 de julio del denominado ‘Plan Colosio’ con participación de agentes estatales e individuos particulares. Asimismo, cuatro fiscales se han reunido con Bernardo Arévalo para avisarle que estructuras criminales de pandillas pretenden acabar con su vida.

Bernardo Arévalo denuncia que, con el intento de cancelar su partido, “estamos viendo la desaparición del Estado de Derecho con unas instituciones de justicia que utilizan arbitrariamente la ley y con sentido ilegal tomando decisiones contrarias al ordenamiento constitucional”. En ese sentido, avisa que “ahora se lo están haciendo a Semilla, pero mañana se lo pueden hacer a cualquiera y ya se lo han hecho porque tenemos a gente en la cárcel por este tipo de arbitrariedades”. Se refiere a fiscales anticorrupción que están presos y que se suman a una treintena de operadores de justicia y periodistas que salieron al exilio para evitar la persecución de la Fiscalía y que ahora confían en regresar a Guatemala con el futuro gobierno de izquierdas.