El apoyo de Le Pen a la ley de inmigración de Macron provoca una crisis política

ParísLa extrema derecha ha ganado la batalla. Pese al cataclismo político que puede generar la decisión en las próximas horas, el presidente Emmanuel Macron ha decidido no dar marcha atrás y someter a votación en la Asamblea Nacional la reforma de la ley de inmigración, que ha sido aprobada con los votos de la mayoría de los diputados macronistas, los de los Republicanos (la derecha tradicional) y los de la extrema derecha de Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional). Se aprobó con 349 votos a favor y 186 en contra. El coste político para Macron de aliarse con la extrema derecha –aunque sea sin buscarlo– puede ser muy alto: el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, ha dimitido este miércoles y su grupo parlamentario podría resquebrajarse.

El presidente de la República y su ministro del Interior, Gérald Darmanin, hace semanas que flirteaban con la derecha francesa para conseguir que su nueva ley de inmigración, rechazada ya en primera lectura por el Parlament, pasara con éxito el segundo voto en la Asamblea Nacional. En las últimas horas habían accedido a endurecer el texto a cambio del sí de los conservadores, unos votos imprescindibles para que la ley saliera adelante. Pero la nueva ley de inmigración acordada con los Republicanos incluye medidas tan duras que ha entusiasmado a la extrema derecha de Marine Le Pen hasta el punto de que su líder había anunciado que votaría a favor y se ha jactado de la "victoria ideológica" de la ultraderecha.

La decisión de Le Pen ha pillado por sorpresa al gobierno en una jornada esperpéntica. Solo dos horas antes, Darmanin había definido la ley como "un arma anti-Le Pen". Entonces se ha desatado una crisis política con ministros amenazando con dimitir si el presidente salía adelante con el voto en la Asamblea -por ahora, solo lo ha hecho el de Sanidad- y un grupo de diputados macronistas han anunciado que votarían en contra. Macron ha convocado una reunión de urgencia en el Elíseo con algunos ministros y los líderes de las formaciones que lo apoyan en la Asamblea. Por último, 37 diputados de Renacimiento, la formación del presidente, no han votado a favor de la ley.

No promulgar la ley

Según algunas fuentes, el presidente habría sopesado la posibilidad de no someter a votación el texto, pero finalmente ha decidido no dar marcha atrás. Macron se ha comprometido con las formaciones de centro que lo apoyan parlamentariamente a no promulgar la ley si el texto se aprobaba gracias a los votos de la extrema derecha. Para salir indemne del asunto, el inquilino del Elíseo tiene en sus manos una herramienta que prevé la Constitución francesa y que permite a un presidente no promulgar una ley aprobada por la Asamblea. Podría optar por introducir cambios y someterla de nuevo a votación en el parlamento. En toda la historia solo se ha utilizado una vez, en 1954. "Este texto será votado sin los votos del Reagrupamiento Nacional. Lo decimos aquí, frente a los franceses: no habrá texto si no se consigue una mayoría sin el RN", había prometido Darmanin.

La reforma aprobada convierte en delito la estancia en el territorio francés de los extranjeros en situación irregular, que se enfrentarán a multas de 3.750 euros y a la posibilidad de ser detenidos por la policía. La inmigración clandestina era un delito en Francia hasta el 2012, cuando el presidente François Hollande cambió la ley. Ahora vuelve a recuperarse el delito. El texto también obliga al gobierno a establecer cuotas anuales de inmigrantes regulares y alarga los plazos para pedir el reagrupamiento familiar. También impone depósitos a los estudiantes extracomunitarios –para garantizar que tienen medios económicos y que no se van a quedar en el país de forma irregular–, una medida que puede frenar la llegada a Francia de estudiantes de todo el mundo.

Sin regularización masiva

La reforma, además, no incluye la posibilidad de regularizaciones automáticas para los trabajadores de sectores en los que falta mano de obra, una medida que el texto inicial del gobierno preveía pero que la derecha ha obligado a matizar. Por último, tampoco se suprime la ayuda médica para los inmigrantes en situación irregular. Ante las reticencias de miembros del gobierno de votar una ley donde se restringe ese derecho, el gobierno ha acordado negociarlo con la derecha en una ley distinta. En cambio, en el texto aprobado sí se incluye la medida que obligará a los jóvenes nacidos en Francia de padres extranjeros a pedir la nacionalidad a los 18 años. Hasta ahora, era automático.

“Es nada menos el proyecto de ley más regresivo en al menos 40 años para los derechos y las condiciones de vida de las personas extranjeras, incluidas las que hace tiempo que están presentes en Francia”, denuncian en una nota conjunta una treintena de ONG francesas.