Japón de Takaichi busca el aval de las urnas

TokioJapón celebrará elecciones generales anticipadas este domingo, poco más de un año después de las últimas cuando Sanae Takaichi apenas lleva tres meses en el gobierno. Un calendario inusual incluso en un sistema acostumbrado a cierta volatilidad: la decisión es eminentemente política y revela la voluntad de la nueva primera ministra de someter a validación electoral su proyecto, que apunta a una ruptura con algunos consensos históricos.

El adelanto electoral se explica, en buena parte, por un cálculo estratégico del Partido Liberal Democrático (PLD), que gobierna sin apenas interrupción desde 1955. En este contexto, Takaichi busca aprovechar una ventana de oportunidad antes de que el desgaste propio del gobierno, las tensiones internas dentro del partido o las decisiones hacerse visibles. La cita con las urnas se convierte así en una herramienta para consolidar su liderazgo y reforzar su autoridad dentro de un sistema tradicionalmente dominado por equilibrios entre facciones.

La oposición llega a las urnas en un estado de fragmentación. La creación del Chūdō Kaikaku Rengō, una alianza forzada entre el Partido Constitucional Democrático y el Komeito tras la ruptura de este último con el Partido Liberal Democrático (PLD), ha sido recibida con escepticismo, tanto por los analistas como por las bases de los partidos. Décadas de cooperación entre el PLD y el Komeito han generado lealtades electorales difíciles de transferir a un nuevo bloque construido más por cálculo electoral que por convicción política.

La convocatoria llega en un momento de redefinición del rumbo político del país, marcado por un endurecimiento del discurso sobre seguridad e identidad nacional. En sólo unas semanas, el gobierno ha impulsado una línea más restrictiva en materia de inmigración, ha reabierto debates hasta ahora considerados tabú –como la posibilidad de dotar a Japón de capacidades nucleares propias en un entorno regional cada vez más inestable y ha elevado el tono en su relación con China, recuperada como amenaza central en el relato oficial. Este giro no sólo tiene implicaciones internas, sino que también sitúa a Japón en una nueva posición dentro del equilibrio estratégico de Asia Oriental y pone a prueba los límites del pacifismo constitucional que ha definido el país desde la posguerra.

En paralelo a este giro ideológico, el gobierno ha desplegado un paquete de medidas de carácter marcadamente electoralista orientadas a aliviar, a corto plazo, el malestar social provocado por la inflación y el estancamiento salarial. Entre las propuestas más destacadas se encuentran la reducción temporal del precio de la gasolina, el abaratamiento drástico del pasaporte y otros trámites administrativos para los ciudadanos japoneses, así como la reapertura del debate sobre una posible reducción del IVA al consumo, actualmente fijado en el 10%. Medidas populares, fácilmente comunicables y con impacto inmediato en la percepción de las familias, pero que evitan abordar los desequilibrios estructurales de la economía japonesa, como la precarización laboral, la pérdida de poder adquisitivo o la financiación a largo plazo del estado del bienestar en una sociedad cada vez más envejecida.

Uno de los ejes centrales de la campaña es el endurecimiento de la política migratoria, con una serie de medidas que buscan limitar la llegada y la estancia de extranjeros en un país que, paradójicamente, depende cada vez más de mano de obra foránea. El gobierno ha anunciado un refuerzo de los controles sobre los visados, un aumento de la capacidad de expulsión de personas con permisos irregulares o caducados y una revisión a la baja de determinados programas de trabajo temporal. También se ha hecho hincapié en un control más estricto en el acceso a los servicios sociales, con el argumento de proteger los recursos públicos para los ciudadanos japoneses. Estas decisiones contrastan con la realidad demográfica del país, marcada por una caída sostenida de la población activa y por sectores económicos, como la construcción, el cuidado de personas mayores o la agricultura, que sufren ya una escasez crónica de trabajadores. Más allá de las medidas, lo más relevante es el tono del discurso gubernamental, que ha abandonado la tradicional ambigüedad japonesa sobre la inmigración para adoptar un relato claramente identitario.

El debate nuclear

Otro de los elementos más delicados que se han introducido en esta campaña es la reaparición del debate sobre el armamento nuclear, uno de los grandes tabúes de la política japonesa de posguerra. Sin formular propuesta explícita ni compromiso formal, figuras clave del entorno de Takaichi han empezado a legitimar públicamente la discusión sobre la conveniencia de dotarse de capacidades nucleares propias, en respuesta al empeoramiento del entorno de seguridad regional. El simple hecho de trasladar esta cuestión del ámbito de lo impensable al de lo opinable supone un profundo desplazamiento de los consensos construidos después de Hiroshima y Nagasaki, y abre la puerta a una redefinición de los límites morales y políticos del estado japonés, más allá del resultado inmediato de las elecciones.

En paralelo, la relación con China ha sido incorporada al relato electoral como elemento de tensión externa. El gobierno ha recuperado un discurso que presenta a Pekín como la principal amenaza estratégica de Japón, tanto en el ámbito militar como en el tecnológico, reforzando una narrativa de acoso que justifica el endurecimiento de la política de defensa y la búsqueda de legitimidad electoral en clave de firmeza nacional. Sin embargo, este enfoque ignora la complejidad de una relación marcada por una interdependencia económica profunda, dado que China sigue siendo el principal socio comercial de Japón, y corre el riesgo de convertir la política exterior en una herramienta de movilización interna, con costes económicos y diplomáticos a corto y medio plazo.