EE.UU. se acostumbra a vivir en el fracaso perenne del control de armas

WashingtonPocas horas después de que se conociera la última masacre en EE.UU., el tiroteo masivo en una escuela de primaria del pueblo texano de Uvalde donde murieron asesinados 19 niños y dos maestras, la poeta Amanda Gorman, célebre por su presencia en la toma de posesión de Joe Biden, tuiteó un poema que, en uno de sus versos, dice así: "Ver a monstruos matar a niños una y otra vez y no hacer nada es solo una locura, es inhumano".

El sentimiento de Gorman es compartido por unos Estados Unidos que ya ven como un hecho normal que, de manera rutinaria, los titulares de la prensa y los informativos televisivos se llenen de caras de víctimas de armas de fuego. Tragedias de "copiar y pegar", en palabras del periodista Tyler Weyant de Politico, en que solo se cambia el lugar, el pueblo, la cifra de muertos y heridos, cosa que ha provocado que el país viva casi anestesiado y resignado al hecho que las masacres se acumulen. De hecho, se han convertido en un problema tan común que solo ocupan las portadas los que sobrepasan cifras aterradoras, e incluso así en las últimas dos semanas ha habido dos (Uvalde y el tiroteo en un supermercado de Buffalo) que han dominado las portadas.

Los hechos en Uvalde, el segundo tiroteo más mortal en un centro educativo de la historia de EE.UU. solo por detrás del de la escuela primaria Sandy Hook a finales del 2012, comparten el mismo guion de siempre: masacre, cobertura mediática incesante durante unos días, llamamientos a reformas en el acceso a las armas, e inacción política. Poco tiempo después vuelve a haber una masacre y se repite la misma pauta de manera inevitable. La violencia de las armas en EE.UU. es un día de la marmota constante, y no parece que tenga que cambiar. El coste de la inacción política en Washington es la acumulación de muertos y respuestas recicladas sin contenido en cada uno de los tiroteos que se viven constantemente en los Estados Unidos. En la época reciente, todos los esfuerzos, por pequeños que fueran, han quedado abandonados; en el ámbito estatal, en muchas ocasiones ha pasado precisamente al contrario, una expansión de la capacidad de tener armas.

Propuestas estériles

Sandy Hook tenía que ser un punto de inflexión, pero no lo fue. Pocos días después de los hechos, el peor momento y el más triste de la presidencia de Barack Obama –en sus palabras–, Biden, entonces vicepresidente, encabezó un esfuerzo para aprovechar el luto y aprobar una ley que redujera la facilidad de acceso a las armas que resultó en una propuesta bipartidista de mínimos. En abril del 2013 se puso a votación en el Senado. Le faltaron seis votos para aprobarse, y cuatro demócratas se opusieron. "Si no pudimos aprobar aquella propuesta entonces, no sé qué podemos aprobar ahora", se lamentaba hace unos días el senador demócrata Joe Manchin, defensor de las armas –tiene buena reputación entre el grupo de presión armamentístico– y autor del texto legal de hace una década.

Ha habido más intentos, pero a escala federal ha sido una odisea imposible llegar a acuerdos de mínimos. Tampoco parece que ahora, con el Senado bajo dominio demócrata, tenga que cambiar mucho. A pesar de decir que la violencia de las armas es "una plaga", el líder progresista Chuck Schumer no tiene ninguna intención de poner a votación una ley bipartidista aprobada por la Cámara de Representantes sobre el control al acceso de armas. Necesitaría una decena de republicanos para aprobarla y las cuentas no salen.

La carencia de acción legislativa es claramente desidia, especialmente impulsada por un partido republicano enquistado y enrocado en una interpretación muy concreta de la venerada segunda enmienda de la Constitución ("Ya que es necesaria una milicia muy regulada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo de poseer y llevar armas no podrá ser infringido") y el dinero del grupo de presión de las armas que defiende que, para resolver el tema de la violencia, lo que hace falta son más armas, y no menos.

Pero hay muchas pruebas y datos de que el control de armas y las restricciones a su acceso disminuyen las tragedias. El 1994 se aprobó una prohibición a las armas de asalto, un éxito por el cual Biden siempre que puede se cuelga una medalla. La clave para conseguir la aprobación estaba en una cláusula: la prohibición solo duraría una década, y entonces habría que renovarla o enterrarla. Como era de esperar, no hubo consenso político, y se sacaron las cadenas a las armas de asalto. Cuando la ley caducó, los tiroteos masivos se triplicaron. "Debo convencer el Congreso de que tenemos que volver a lo que aprobé hace unos años", dijo el presidente hace unos días, de regreso de la visita a Buffalo, otra localidad en la lista macabra de lugares que han vivido masacres.

Mientras Washington no actúa, sí que actúan los estados. Precisamente en Texas es donde últimamente se han debilitado las leyes, permitiendo que no haga falta licencia ni cursos para poder llevar pistolas y facilitando, y mucho, la compra de armas. Leyes que permitieron, de hecho, que el autor de la masacre de Uvalde, de dieciocho años, comprara un rifle de asalto sin problema. El ámbito judicial tampoco es un aliado de los que quieren control de armas. Hace solo un par de semanas, un tribunal de apelaciones en California, lleno de jueces nombrados por Donald Trump –una estrategia de revolución conservadora judicial que está dando frutos–, declaró inconstitucional la prohibición del estado de venta de rifles de asalto a menores de veintiún años.

Al lado contrario hay el estado de Nueva York. Justamente este miércoles, el día siguiente del trágico tiroteo de Texas, una juez de Albany –la capital– desestimó un recurso de las empresas fabricantes de armas contra una ley aprobada en 2021 que permite al estado de Nueva York, los ayuntamientos y los ciudadanos denunciar a los fabricantes de armas por “perjuicio público”. Es decir, para generar “peligro para la seguridad y salud públicas”, argumento que se puede utilizar en casos de tiroteos.

Mayoría a favor de restringir el acceso a las armas

Con todo, la inacción política por el control de armas y la posición laxa de los tribunales es general. Y contrasta con la crudeza de los datos y la convicción de la opinión pública de que hay que hacer algo, aunque sea poco. Según una encuesta de la organización Small Arms Survey, el 2018 había en los Estados Unidos unos 400 millones de armas, en un país donde entonces vivían 331 millones de personas. La espectacularidad de hechos como los de Uvalde esconde que el problema real de las armas en EE.UU. no está en estos sucesos masivos, sino en la tenencia de armas. El 2019 murieron 417 personas en los llamados tiroteos masivos, los suicidios por armas llegaron a los 24.000 y los homicidios superaron los 15.000, según los datos del Gun Violence Archive. El efecto en las escuelas es impactante. Desde la masacre del instituto Columbine el 1999, más de 311.000 estudiantes han vivido en primera persona la violencia de las armas en su escuela, según datos del The Washington Post.

Da la sensación de que EE.UU. han perdido la esperanza del cambio. El movimiento March for Our Lives, encabezado por los adolescentes del instituto de Parkland, hizo reavivar la ilusión, pero se quedó en nada; a pesar de que 59% de los norteamericanos dicen que tener leyes más restrictivas sobre armas es "importante" o "muy importante", según una encuesta de esta semana de Morning Consult.

El poema de Amanda Gorman en Twitter acaba así: "¿Qué podríamos ser si simplemente lo intentáramos? / En qué nos convertiríamos si simplemente escucháramos?" La clase política de Washington, hoy por hoy, da como respuesta unas promesas diluidas en un silencio que se mantiene perenne.