La Casa Blanca ordena a las embajadas suspender las entrevistas a aspirantes a estudiar en Estados Unidos

BARCELONALa Casa Blanca ha pedido a sus embajadas y consulados que suspendan temporalmente las entrevistas a aspirantes a estudiar en Estados Unidos y que dejen de dar horas por estas entrevistas, según publica este martes Politico. El diario asegura que el movimiento responde a la intención del gobierno de Donald Trump de ampliar su escrutinio sobre los contenidos que todos estos aspirantes a estudiantes cuelgan en las redes sociales.

"A partir de ahora, como preparación para una ampliación del control y la verificación obligatorios en las redes sociales, las secciones consulares no deberían añadir ninguna nueva cita para visados ​​de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que no se emitan más directrices", dice el cable diplomático Politico, y que no ha podido ser confirmado por este diario. El cable no explica directamente qué examinaría el futuro control en las redes sociales, pero alude a órdenes ejecutivas que tienen como objetivo mantener fuera de Estados Unidos a los potenciales terroristas y combatir el antisemitismo.

El movimiento podría hacer daño a muchas universidades del país, más allá de Harvard, con la que el gobierno de Trump mantiene todavía una dura batalla. Este mismo martes la Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales estadounidenses que cancelen o revisen todos los contratos activos que mantengan, una medida que podría afectar hasta 100 millones de dólares en fondos. Según informó este martes The New York Times, que ha sido el primer medio en revelar el contenido de esta directiva, la nueva acción de la administración Trump representa una escalada en la batalla contra la prestigiosa institución académica.

En abril el gobierno estadounidense suspendió 60 millones de dólares en contratos federales y congeló 2.200 millones de dólares en fondos federales a la universidad después de que ésta se negara a ceder a las exigencias de la administración para influir en el currículo académico. Pero el golpe más duro fue la semana pasada cuando se intentó prohibir en la universidad matricular a alumnos extranjeros, lo que supondría un duro golpe en sus finanzas (son un 25% del alumnado y todos en cursos de posgrado, que son los más costosos), pero la decisión está ahora en manos de la justicia.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por la CNN, el gobierno federal considera que Harvard ha ignorado reiteradamente sus demandas de cambios en materia de gobernanza, currículo y política de admisiones, y acusa a la universidad de mantener prácticas discriminatorias y una actitud permisiva ante el antisemitismo. En ese contexto, el presidente Trump ha decidido pasar a la acción ordenando una revisión exhaustiva de los contratos federales en vigor.

La Agencia de Servicios Generales (GSA), encargada de coordinar el proceso, ha enviado esta semana una carta a las diferentes agencias gubernamentales pidiéndoles que identifiquen qué contratos tienen con Harvard y que valoren si pueden ser cancelados o redirigidos a otras entidades. "Recomendamos que su agencia rescinda por conveniencia cualquier contrato que considere que no ha cumplido sus estándares", afirma el texto firmado por Josh Gruenbaum, alto cargo de la GSA, que ya había dirigido una carta anterior a Harvard el pasado abril con exigencias que la universidad rechazó.

El volumen de los contratos en revisión asciende a una treintena, por el citado valor total de cien millones de dólares. La decisión no implica una retirada inmediata de los fondos, pero sí la apertura de un proceso para determinar si el dinero es, según el criterio de la administración, esencial para el funcionamiento de los servicios federales. Un alto funcionario ha señalado en la BBC que los recortes no afectarán a los hospitales afiliados a Harvard.

El golpe se suma a otras medidas recientes. Hace dos semanas, el gobierno de Trump revocó la capacidad de Harvard para matricular a estudiantes internacionales o acoger a investigadores extranjeros, lo que provocó confusión e incertidumbre entre miles de estudiantes afectados. Harvard respondió interponiendo una demanda judicial contra el ejecutivo, alegando violaciones de sus derechos constitucionales, en concreto de la Primera Enmienda, y de la legislación federal. Por el momento, la juez Allison D. Burroughs dio la razón a Harvard y bloqueó la decisión, a la espera de la próxima vista judicial este mismo jueves.

9.000 millones cuelgan de un hilo

Los agravios recogidos en la carta de la GSA incluyen también la acusación de que Harvard "sigue practicando discriminación racial" en su proceso de admisión, una cuestión que fue objeto de una sentencia histórica del Tribunal Supremo. Además, la Casa Blanca critica lo que considera una "inquietante carencia de preocupación por la seguridad y el bienestar de los estudiantes judíos".

La universidad no ha hecho ninguna declaración oficial, aunque según la CNN ha consultado a sus abogados. En las últimas semanas, Harvard se ha convertido en el principal blanco de la Casa Blanca en su ofensiva contra instituciones académicas que considera "emblemas del progresismo" woke".

El nuevo episodio se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el ejecutivo y el mundo universitario estadounidense, en el que la administración Trump busca redefinir las reglas de financiación federal, condicionándolas a criterios ideológicos y normativos afines a su agenda. El The New York Times asegura que la revisión forma parte de un proceso que podría afectar a hasta 9.000 millones de dólares en contratos y subvenciones comprometidos con Harvard en los próximos años.

Con estas acciones, la Casa Blanca no sólo busca presionar a Harvard, sino enviar un mensaje más amplio a las instituciones académicas que, según la visión de la administración, se han desvinculado de los valores tradicionales y han adoptado una agenda política contraria a los intereses del país.