Golpe de la justicia de la UE contra la "ley antiguetos" de Dinamarca

CopenhagueLa mano dura contra la inmigración que el gobierno de Dinamarca ha ido impulsando en los últimos años se ha llevado un significante revés por parte de la justicia europea, ahora que otros países europeos, con Reino Unido a la cabeza, pretenden emular el modelo migratorio danés.

Desde Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la "ley de guetos" aprobada en 2018 puede comportar un trato de discriminación étnica, una sentencia que supone un duro golpe para las políticas de integración del país nórdico. La ley se aprobó como una reforma de vivienda para eliminar lo que el ejecutivo consideraba "las sociedades paralelas", barrios en los que más del 50% de los residentes tienen un origen en países no occidentales y se enfrentan a dificultades socioeconómicas como la pobreza o la delincuencia. El objetivo de la ley, que ha servido como palo de pajar del endurecimiento de las políticas de asilo e inmigración que ha llevado a cabo el gobierno socialdemócrata desde 2019, era reducir la segregación en las ciudades y promover la integración de los inmigrantes dispersándolos.

El resultado fue que la "ley de los guetos" obligó a que los residentes de los barrios afectados sean trasladados por la fuerza a otras zonas, mientras que más de 1.000 viviendas fueron derribadas en las principales ciudades del país y cientos de familias fueron afectadas.

La sentencia del TJUE señala que se prohíbe la discriminación por razón de origen étnico que comporta la ley. Sin embargo, la respuesta del tribunal europeo no es definitiva para establecer si la "ley de guetos" es ilegal, ya que ahora tendrán que ser los tribunales daneses quienes tomen la decisión siguiendo las directrices establecidas por los jueces europeos.

Los vecinos esperan una compensación

Mejken Felle vivía en uno de los barrios afectados por la "ley de guetos" en Copenhague, y este jueves se reunió con otros vecinos para seguir el anuncio de la sentencia. "Estoy satisfecha –dice–, aunque han sido años muy duros de incertidumbre desde que los vecinos decidimos llevar la ley a los tribunales". En este tiempo, su piso del barrio de Mjølneparken fue derribado, y el 60% de los vecinos fueron forzados a trasladarse. "Los edificios fueron derribados pese a que los vecinos esperábamos la decisión del tribunal, pero no tuvieron en cuenta que la decisión podría ser ilegal", afirma.

En el pasado, Mjølneparken fue un barrio asociado a la delincuencia de las bandas. Sin embargo, sus residentes denuncian que se han sentido estigmatizados por la "ley de guetos". "Nunca he oído que formaba parte de un gueto, al contrario", dice Felle. En cuanto a la lucha legal de los vecinos por salvar el barrio, asegura: "No ha sido sólo para salvar mi hogar, sino por toda la sociedad danesa". "Creo que es muy preocupante que el gobierno discrimina a grupos de ciudadanos para arrebatarnos los derechos civiles", lamenta.

Lisbeth Savgmann es una jubilada que también fue obligada a trasladarse fuera de Mjølneparken. "Me sentía muy segura en el barrio, pese a que había problemas sociales", reconoce, y añade: "Las autoridades decidieron gestionarlo de forma vergonzosa, los vecinos esperamos ahora una compensación".

Desde que entró en vigor la polémica "ley de guetos", la medida fue criticada por el Instituto Danés de los Derechos Humanos, argumentando que se basa en el criterio ilícito del origen étnico. También le han criticado relatores de Naciones Unidas, por el riesgo de generar "desahucios forzados". Sin embargo, hasta ahora el gobierno danés ignoró las críticas y defendió su objetivo que las zonas que denomina como "sociedades paralelas" desaparezcan de Dinamarca antes del año 2030.

17 barrios derribados

Hace quince años, el gobierno tenía un listado de 26 barrios clasificados como guetos, mientras que hoy quedan solo cinco en la lista, y se han derribado 17 barrios. En estas zonas la ley establece que las penas por delitos de delincuencia son más duras, y se aplican los castigos colectivos, como el desalojo de una familia entera si uno de sus miembros ha cometido un delito.

El profesor de la Universidad de Aalborg Claus Bech-Danielsen considera que "la medicina funciona, pero también tiene efectos secundarios, ya que crea una tremenda frustración entre los vecinos que deben trasladarse".

El veredicto del TJUE llega en el momento en que Dinamarca ostenta la presidencia rotatoria del consejo de la UE, con la intención clara de la primera ministra Mette Frederiksen de impulsar políticas migratorias más estrictas en toda la UE, como la construcción de centros para solicitantes de asilo fuera de Europa, y las leyes de vivienda para acabar con las leyes de vivienda. Frederiksen ha señalado que, en materia de inmigración, las ideas que antes se consideraban marginales o extremas cada vez encuentran mayor apoyo en los gobiernos de la UE y, progresivamente, Dinamarca es más vista como un potencial modelo de gestión migratoria para sus socios europeos.