Julian Assange podrá apelar contra la extradición a Estados Unidos

El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales rechaza las garantías presentadas por Estados Unidos sobre el derecho a acogerse a la libertad de expresión

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Stella Assange, en el centro, a su llegada esta mañana del lunes en la sede de Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, en el centro de Londres, para asistir a una vista que puede ser clave para el futuro del fundador de WikiLeks.

LondresVictoria parcial para Julian Assange. El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales le ha concedido este mediodía del lunes el derecho a una apelación completa contra la extradición a Estados Unidos. Las garantías que los magistrados pidieron a Washington para asegurarse de que no se le condenaría a muerte han sido aceptadas como una “promesa ejecutiva inequívoca”, pero no aquellas con las que podría buscar acogerse al derecho a la libertad de expresión que recoge la Primera Enmienda de la Constitución del país.

La nota diplomática enviada por el ministerio de Justicia de Estados Unidos mantenía no que Assange pudiera "confiar" en los derechos de la primera enmienda, sino "simplemente que podía intentar plantearlos" ante el hipotético tribunal estadounidense que lo juzgara. Por tanto, no descartaban la posibilidad de que, como extranjero, no pudiera acogerse, también por el hecho de que los delitos de los que le acusan –diferentes cargos de espionaje– están relacionados con la seguridad nacional y, en consecuencia, era decisión del tribunal si se lo garantizaría o no. En estas condiciones, el Tribunal Superior de Londres no ha aceptado el planteamiento estadounidense.

Con todo, el vía crucis judicial de Assange no ha terminado. Porque de momento, y hasta que la presión política no continúe para que Estados Unidos retire la acusación –si nunca llega a hacerlo–, el fundador de WikiLeaks seguirá encerrado en la cárcel de máxima seguridad del sur de Londres donde ingresó en el 2019 hasta que no se celebre el nuevo proceso de apelación. Y podría tardar un año.

En este mismo sentido se ha pronunciado Stella Assange, la esposa de Julian Assange, en su primera declaración ante la sede del Tribunal después de que se hubiera comunicado la decisión. "Los jueces han tomado la decisión correcta. Después de dos años desde que se emitió la orden [de extradición por parte de Estados Unidos], este caso debería ser abandonado. La administración Biden debería haberla abandonado". desde el primer día. Ahora es el momento adecuado para que la administración de Biden lo deje. . Dirigiéndose a los congregados, Stella Assange ha recordado que el caso "es político" y atenta contra "la libertad de expresión". Y ha añadido: "Nuestro hijo mayor, que acaba de cumplir apenas siete años, la única memoria que tiene de su padre está en prisión."

Desde primera hora de esta mañana se han concentrado ante la sede del Tribunal más dos centenares de personas, a la espera de la decisión clave de los magistrados. Entre los congregados estaba el exlíder laborista Jeremy Corbyn y quien fue su ministro de Economía, John McDonnell. Sin embargo, una vez más Julian Assange no ha podido asistir a la vista.

Aunque los dos jueces que la presiden, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, le han dado permiso para asistir, su estado de salud se lo impide, un motivo de angustia para su familia y su equipo legal. "Las dos últimas veces que le visité en prisión me preocupaba su estado de salud mental y física", ha asegurado esta mañana Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, que desde hace cuatro años sigue el proceso de extradición del Reino Unido en Estados Unidos.

En opinión de la abogada, el hecho de que los jueces hayan concedido permiso para apelar en relación con las protecciones de la Primera Enmienda y la libertad de expresión es "un muy buen resultado, ya que supone que las cuestiones centrales de este caso serán consideradas adecuadamente por los tribunales británicos". Los abogados tienen tiempo hasta las 2 de la tarde del 24 de mayo para presentar un esquema de caso acordado.

Partidarios de Julian Assange, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, en el centro de Londres, esta mañana del lunes.

El fundador de Wikileaks, que cumplirá 53 años este julio, permanece en régimen de casi aislamiento en la cárcel de máxima seguridad de Belmarhs, en el sur de Londres, desde que en abril del 2019 fue expulsado de la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugiaba de la persecución judicial estadounidense. En ese momento fue detenido por las fuerzas de Scotland Yard y sentenciado a 50 semanas de prisión por eludir el régimen de libertad provisional. Finalizada la condena, ha continuado en prisión a raíz de la solicitud de extradición de Estados Unidos.

"Cada día, desde el 7 de diciembre del 2010, Julian ha sufrido alguna forma de detención", recordaba Stella Assange la semana pasada en una conferencia de prensa en Londres. En esa fecha se iniciaron los diferentes casos legales contra el activista –de violación y abusos presuntamente cometidos en Suecia en agosto de ese mismo año, y finalmente retirados–, pocos meses después de que Wikileaks ganara notoriedad por la publicación de pruebas que demostraban los crímenes de guerra de Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán. El medio de comunicación también difundió 250.000 cables secretos de la diplomacia estadounidense. Washington siempre ha argumentado que la publicación de toda esa información puso en riesgo la vida de agentes sobre el terreno. Por eso acusa a Assange de violar las leyes contra el espionaje.

En los últimos días, a medida que se acercaba la celebración de la vista de hoy, la situación personal de Assange se ha agravado. Stella Assange explicó que el activista sufre "muy estrés y tiene problemas para dormir".

Además de la presión política que están ejerciendo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y dos tercios del Parlamento del país, que piden a Estados Unidos la retirada de los cargos contra Assange, el jueves cuatro diputados británicos –un laborista, un conservador , uno del Partido Verde y uno independiente– solicitaron una investigación sobre el papel de la Fiscalía de la Corona en el caso de las presuntas alegaciones de violación y abusos de Assange que son el origen de todas las penalidades legales por las que ha pasado desde finales de 2010.

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